Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.
El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.
El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.
