PP y Vox han aprobado los primeros presupuestos de la legislatura, unas cuentas que tendrán un escaso recorrido, puesto que el cierre del ejercicio fiscal suele ordenarse en octubre, y que llevan el sello ideológico de la extrema derecha. Es el precio que ha tenido que pagar María Guardiola para ser investida presidenta el pasado abril y que le garantiza, al menos, la aprobación del resto de presupuestos de la legislatura.
PSOE y Unidas por Extremadura han sido los convidados de piedra en la única jornada de debate de estos presupuestos, que ascienden a 8.854 millones de euros, 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado tras el adelanto electoral impulsado por el bloqueo del pasado otoño. La coalición de PP y Vox no ha dejado pasar ni una sola de las enmiendas, más de 600, presentadas por la izquierda.
Vox va a tener en sus manos la gestión de 1.297 millones de euros (el 15% del presupuesto)— repartidos entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural (1.080 millones) y la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (217 millones).
El sello de la extrema derecha se refleja en partidas clave defendidas bajo el concepto de “prioridad nacional”. En concreto, la aprobación de los presupuestos supone un recorte de 10 millones de euros en cooperación internacional, lo que en la práctica supone la extinción de la Agencia Extremeña De Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), y en ayudas destinadas a ONG y entidades que colaboran con personas migrantes.
