No hay un protocolo específico para contarle a una víctima de violencia de género que ha sido drogada y violada, cuando ella no se acuerda de nada. Hay guías para contener a quienes se acercan a denunciar después de una agresión y preguntas que se pueden hacer para evocar un recuerdo traumático y registrarlo en una declaración. Eso ―combinado con empatía y sentido común― es de lo que se valen los cuerpos de seguridad y la justicia en casos de sumisión química para informar a la mujer lo que ha sufrido. En el caso de Tamara Fernández Varela, que fue drogada, violada y fotografiada en varias ocasiones por su marido Alessandro Pompeo, no tenía memoria de las violaciones y se había divorciado un par de años antes. La gallega de 43 años se enteró de lo ocurrido por una notificación judicial, que incluía seis fotos de ella “como muerta en una cama”. En algunas aparecía él, o partes de su cuerpo, o ella completamente desnuda. Cuenta que al abrir la carta, ella y su madre comenzaron a gritar sin parar: “No sé ni si respirábamos, no supe reaccionar hasta que vino la vecina y nos llamó a una ambulancia”. Que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carballo (A Coruña) le haya mandado el informe de la Dirección General de la Policía con las imágenes es “absolutamente irregular”, según la consultora Pilar Sardà, que forma a fiscales, abogados, peritos y jueces en oratoria procesal. Esa cédula de citación aclaraba que su exmarido estaba siendo investigado por una “posible existencia de delito de agresiones sexuales” y la llamaba a comparecer como perjudicada en 20 días. “El medio es correcto para citarla”, explica Sardà, que también es abogada, pero considera que “en ningún caso se le daría detalles de lo que ha pasado” y que “lo que está fuera de lugar es el adjunto” ―las fotos y su descripción―. Además, complementa que no basta con citarla, sino que “hay que ofrecerle un punto de apoyo inmediato”. La especialista señala que tiene que ser una carta certificada, que retire por la oficina de correos o que firme al recibir, para que no la pueda abrir otra persona. Fernández Varela pasó del shock inicial a la incredulidad. “Volví a leer el nombre, veía las fotos, veía mi cara y decía: ‘No soy yo”. Me costó mucho”, rememora la gallega. Se las mostró durante los días siguientes a sus conocidos e incluso a su jefa, para confirmar si creían que la de esas imágenes era realmente ella. Este sería “un caso prototípico de victimización secundaria”, comenta el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio Meliá, en el cual “la confrontación con el hecho en el ámbito del proceso penal genera sufrimiento adicional”. El también vocal permanente de la Comisión General de Codificación, que asesora al Ministerio de Justicia, aclara que es correcto que la carta mencione el delito investigado, porque la persona perjudicada puede personarse en el proceso como acusación particular y para eso debe conocer los hechos. Sin embargo, no está obligada a presentarse en el juzgado ni a ver todas las fotos y vídeos si no quiere.En el caso de Tamara, la jueza que llevó su caso le pidió disculpas por el error en la forma de contactarla y le contó sobre la investigación, junto con una abogada de oficio. Según el Estatuto de la víctima del delito ―la ley que regula sus derechos y busca minimizar los efectos traumáticos―, esta puede estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Además del estatuto, Ley de Libertad Sexual y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 (a través de una modificación que hizo la de libertad sexual) establecen como derecho la asistencia integral y el acompañamiento adecuado en casos de violencia sexual. La primera puso sobre la mesa la necesidad de las víctimas de ser atendidas por especialistas durante el proceso, debido a las características específicas de esta violencia y más aún, cuando la agresión viene de la pareja y expareja, lo que produce un shock y un trauma diferente. La magistrada le fue preguntando si entendía por qué estaba allí, si había consentido esos actos, si quería denunciar, hasta que le soltó: “Es que tienes mucho más que ver”. “Me saca una carpeta, empiezo a ver y llegó un punto que me puse histérica y dije: no quiero ver más”, recuerda Fernández Varela. La segunda vez que fue al juzgado, la atendió una jueza diferente y le mostró ocho vídeos. “Me decía: ‘Yo lo siento mucho, entiendo que te duele, pero tienes que volver a ver este vídeo, me lo hizo ver para yo misma escucharme roncando”, cuenta la gallega.En el caso de la violación grupal en los sanfermines de 2016, un agente de la Policía Foral de Navarra identificó dos vídeos de una agresión anterior a otra mujer en los teléfonos de los investigados de La Manada, pero decidió que no era necesario mostrárselos. Le comunicó a la joven de Pozoblanco (Córdoba) que había encontrado un vídeo en el que podía estar involucrada, pero aclaró: “No le hablé de su contenido, solo le envié un recorte de un frame para que identificara si ese día llevaba la ropa que aparecía en la imagen”. Gracias a la confianza que le generó, ella decidió interponer la denuncia ante él y reunirse, para llevarle el vestido, los pendientes y el reloj que vestía, como pruebas. El policía le pidió que identificara a sus agresores sin aclararle que eran los de La Manada. Sardà recomienda: “Hay que ir muy poco a poco, que nada sea a bocajarro, explicarle que se la ha citado por un tema que podría afectarla sin dar todos los detalles de entrada”. Es importante darle lugar a la afectada para hacer sus propias preguntas. Las preguntas del juez u oficial van contextualizando. “Al final, es intentar adaptarse al ritmo que ella tiene de encajar todo esto. Ella no puede acomodarse al ritmo del juzgado. La necesidad del juzgado es otra muy diferente a la que ella está teniendo ahí”, afirma la consultora.El libro de memorias de Gisèle Pelicot, la francesa de 73 años que fue drogada y violada por su esposo y al menos otros 50 hombres durante una década, comienza justamente con ese 2 de noviembre de 2020 en el que la citaron a la comisaría. Al igual que con Tamara, el suboficial Laurent Perret primero le preguntó a Gisèle información básica, como su fecha y lugar de nacimiento, los nombres de sus padres, y después cómo describiría la personalidad de su marido, cómo describiría una velada típica, si practicaban intercambio de parejas. Finalmente le advirtió: “Voy a mostrarle fotos que no van a gustarle”, y recién entonces le transmitió que habían detenido a Dominique Pelicot por las violaciones y por administrarle sustancias para dejarla inconsciente. La finalidad de esta comunicación es que la víctima pueda interponer acciones y esto, aclara Sardà, lo tiene que entender incluso antes de ver esas fotos, un aviso que Fernández Varela no tuvo. “A partir de ver esas fotos, difícilmente va a ser capaz de procesar información racional. Si la ponen en shock, si la colapsan emocionalmente, ella no es capaz de asumir ninguna información y no va a saber qué hacer con eso”, desarrolla la abogada. Es justo lo que Gisèle Pelicot registra en su libro: “No oía lo que me decía el policía. O mejor dicho, lo oía, pero no tenía nada que ver conmigo. Era como el eco lejano de una voz”.