Ni ella misma se lo creía. Tamara Fernández Varela leía y releía en su casa la carta con la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carballo le comunicó que su exmarido la había drogado, violado y fotografiado, y no se reconocía. Incluía seis imágenes. En algunas de ellas aparecía completamente desnuda. “Las miraba y decía: no puedo ser yo. Semejante barbaridad no te entra en la cabeza. Una mujer como muerta en una cama. Era yo”, rememora la gallega de 43 años. Su madre y ella empezaron a gritar. Gritaron tanto que una vecina asustada llamó a una ambulancia. Tamara acababa de enterarse por escrito de que Alessandro Pompeo, quien había sido su pareja ocho años y del que se separó en 2018, el mismo hombre que le regalaba rosas cada mes en su aniversario, estaba siendo investigado como su agresor. Y esa noticia le llegaba en una notificación tan impersonal como una multa por exceso de velocidad. Eso ocurría en 2022. Dos años después, el hombre se dio a la fuga. Desde entonces, está en paradero desconocido. Y el juicio quedó paralizado. La Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado repetidas peticiones de la Fiscalía, la última de febrero, de activar una orden de búsqueda y captura internacional. “¿Sabes la desilusión que me llevé el día antes del juicio? Cuando me dijeron que estaba en rebeldía”, espeta la mujer, mientras abre grandes sus ojos negros delineados, de cejas tupidas. Cuando se enfurece, pasa sin notarlo al gallego. Tamara conduce por A Coruña mientras ve cómo cuelgan banderas y camisetas aún colgadas tras el ascenso del Depor. La ciudad está de fiesta y la vida sigue, pero la de ella no. Se siente en un limbo. “Me gustaría ser lo fuerte que era antes. Esa vitalidad de decir: ‘Mamá, hoy nos vamos donde nos lleve el coche”, lamenta. Ahora no le gusta conducir, ni la ciudad. Tras recibir la notificación, acudió al juzgado. Allí se enteró de que había más fotos y ocho vídeos. La Policía Nacional encontró ese material después de allanar en 2020 la casa de Carballo de Pompeo tras descubrir que se había descargado 70 archivos de pornografía infantil. Tamara reconoció los muebles y la ropa de cama en las fotos y en las grabaciones. Tuvo que escucharse roncar. Algunas grabaciones eran de cuando vivían en Suiza, donde se conocieron en 2009; otras, de después, cuando se mudaron a Carballo, el pueblo de Tamara. El denunciado admitió los hechos. “Dijo que yo había consentido todo. Hombre, ni la jueza se lo ha creído”, reclama ella. Dice que la magistrada le pidió disculpas por la carta que le mandó el juzgado y le aclaró que no había sido la forma adecuada de citarla.Ella aborrece las fotos, pero pueden resultar una evidencia de que la sumisión química ha existido, cosa que, sin las imágenes, es difícil de probar. En el caso de Giselle Pelicot, francesa de 73 años, drogada y violada por su marido y otros, al menos, 50 hombres (los que la policía pudo identificar), el hecho de que las agresiones estuvieran filmadas resultó clave para descubrir el delito y para probarlo en el juicio. Tamara cuenta que al principio le daba vergüenza salir a la calle porque pensaba que alguien podría haber visto las fotos. El caso de Pompeo no es único: de vez en cuando, sale a la luz un nuevo grupo de Telegram o una nueva plataforma donde los hombres envían vídeos de sus novias, sus hermanas, donde intercambian consejos sobre cómo drogar a sus mujeres, sobre cuál es la sustancia y la dosis indicada. También constituyen pruebas relevantes sus bragas o su piercing. “Tengo esa porquería guardada en mi casa porque se lo tenía que llevar al juez, pero como no hubo juicio...”, lamenta la gallega. En junio de 2022, Alessandro Pompeo fue condenado por el delito de posesión de pornografía infantil —el motivo por el que la policía llegó a su casa— a ocho meses de libertad vigilada, una multa de unos 700 euros e inhabilitación para cualquier oficio que conllevara contacto con menores de edad durante dos años. En enero de 2023, según toda la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Audiencia Provincial lo procesó por “un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal” a Tamara Fernández Varela, por el que la Fiscalía pedía 14 años de cárcel. Su abogado solicitó prisión provisional y que le retiraran el pasaporte, pero la justicia solo emitió una orden de protección para ella. Hace más de dos años que la policía no lo encuentra. Tiene nacionalidad italiana y suiza; vivió desde pequeño en Zúrich, donde tuvo un hijo con otra mujer y donde la carballesa lo conoció. Se casaron un año después.“Era cariñoso, si me dices que es una persona brusca, que te grita… Pero nunca”, detalla. Él era herrero. Lo recuerda como un hombre “superdetallista” y alguien que “no rompía un plato”. Les gustaba ir a la piscina, a comer al chino, a pasear por el bosque y recolectar setas. “Nada me parecía raro. Ahora sí, me salen las cuentas. Estábamos en la mesa, estábamos en el sofá, y me despertaba en la cama”, explica y relata que le aseguraba que se había quedado dormida. Vivían con la hija que Fernández Varela tuvo con su primer marido, que entonces era menor de edad. Se atormenta de pensar que el denunciado le haya hecho algo y no poder saberlo.Decidieron mudarse a Galicia a finales de 2017 porque el padre de Tamara estaba muy enfermo. Se separaron a los seis meses. Tamara sobrevive con una ayuda estatal, aunque siempre trabajó de camarera: “Me encantaba reír, pasármelo bien con los clientes; mucha gente me dice que me he vuelto aburrida”. Sufre depresión y ha intentado suicidarse más de una vez. “A mí él me ha matado en vida”, reclama, la única vez en todo el día en que su voz se carga de llanto. Sabe que él vulneró lo más íntimo, la seguridad de estar en su propia casa, con quien se supone que más la conocía y más la quería. “No soy capaz de tener una pareja porque me asusta, me agobia. Desconfío de todo el mundo”, añade.La última vez que hablaron fue en la gasolinera donde él empezó a trabajar después de que se separaran. Ella, que ya sabía todo, acudió a llenar el tanque de su coche y a mirarlo a los ojos y ver cómo reaccionaba. Lo revive con horror: “Me dice: ‘Qué guapa estás, cuánto tiempo sin verte, qué bien te queda el pelo corto’. No supe ni qué contestarle. Le di el dinero y me fui”. Nunca más pudo localizarlo; cambió de teléfono y cerró sus redes. Fernández Varela afirma que en las imágenes de los archivos de Pompeo que le mostró la policía había más mujeres. Dice que solo reconoció a la primera mujer de su ex e intentó advertirle por Facebook, pero ella la bloqueó. Este periódico no ha podido saber si la exmujer ha sido notificada y si está al tanto del proceso judicial en marcha. “Meto mis manos en el fuego a que él lo sigue haciendo. Mañana saldrá otra noticia de que ha hecho esto a otras personas y se podía haber evitado”, lamenta la gallega. La Audiencia Provincial rechazó las peticiones de orden y captura internacional porque la Sala interpreta que “no se identifican elementos indiciarios suficientes, más allá de la condición de extranjero del acusado, de que este se encuentre en un país extranjero". El delito por el que ha sido procesado prescribe a los 15 años. “Hasta que no aparezca y pague por lo que ha hecho, no estaré tranquila”, repite la mujer. Tamara nunca encontró las palabras correctas para hablar de esa violencia con su hija. ¿Cómo explicarle todo esto? Hace unas semanas la hija cumplió 18 años y le confirmó que está orgullosa de ella, y que contar su historia era lo que tenía que hacer. El apoyo de su entorno le da coraje: “Me he sentido culpable por no darme cuenta, pero no tenemos por qué escondernos”. En estos momentos, Tamara Fernández Varela se está mudando. Al desarmar su casa, este pasado jueves, volvió a descubrir esa notificación judicial con la que empezó la pesadilla. La que miró y con la que lloró tanto. La guardó con tanto esmero que nunca se había topado con ella. Pero algo le decía que iba a volver a encontrarla.