Una prueba científica ignorada por la justicia española mantuvo a un hombre cerca de 18 años en prisión por dos delitos de violación que no cometió.
Ahora, el Tribunal Supremo de España reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y ordenó indemnizarlo con 2,5 millones de euros.El caso dio un giro definitivo cuando la Sala de lo Penal revisó la condena y declaró la inocencia del hombre.
Resulta que el tribunal que lo sentenció nunca valoró una prueba pericial biológica que ya formaba parte del expediente y cuyo resultado era incompatible con la hipótesis acusatoria.La evidencia consistía en restos de semen encontrados en la ropa de la víctima.
El análisis de ADN determinó que el perfil genético del condenado no coincidía con esas muestras.
A pesar de ello, la prueba, que había sido propuesta por la defensa, admitida por el tribunal y no cuestionada por la Fiscalía, no fue tenida en cuenta al momento de dictar la sentencia.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo calificó el error de “inequívoco y cualificado” y concluyó que fue determinante para que el hombre permaneciera privado de libertad durante un periodo “extraordinariamente prolongado”.Los magistrados subrayaron que no se trata de un caso en el que los jueces valoraron de forma discutible una prueba, sino de una situación más grave: la prueba simplemente nunca fue examinada, pese a su relevancia y a que ya formaba parte del proceso.Según el fallo, la prolongada privación de libertad provocó un sufrimiento moral de enorme magnitud, además de la pérdida de oportunidades personales y un profundo impacto en la vida del afectado.
