EditorialGuatemala lleva más de dos décadas transitando por chapuzas, parches y excusas anodinas.
La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) surgió como una vía alternativa para resolver uno de los mayores problemas estructurales de Guatemala: la incapacidad de sucesivos gobiernos para planificar y ejecutar proyectos de carreteras estratégicas con criterios técnicos, continuidad institucional y visión de largo plazo. A 19 meses de haber sido aprobada por el Congreso y a 17 de su entrada en vigencia, pareciera que la entidad nació con un retraso congénito, producto de artículos transitorios que lejos de agilizar su implementación se han convertido en lastres.
Sí, se fijaron plazos demasiado laxos para la reglamentación y puesta en funcionamiento. El pretexto era que así podía comenzar a funcionar integralmente, pero las necesidades viales previas siguen allí y hay otras que se acumulan. A la sombra de tantos rezagos y pendientes más parece que en lugar de asfaltar la implementación de la DIPP, le pusieron túmulos en el camino, comenzando por el bache de dejarla dependiente del Ministerio de Comunicaciones (CIV), justo el mismo lastre capital que ha pesado sobre proyectos en los últimos 25 años.
