La “prioridad nacional”, esa idea de la extrema derecha que una parte de la derecha tradicional ha empezado a asumir, ya tiene al menos una primera aplicación práctica. La ha puesto en marcha, sin referirse explícitamente al concepto y con una medida precipitada y confusa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al establecer el empadronamiento como condición para obtener la tarjeta de transporte.La decisión, aplaudida por Vox, discrimina a los extranjeros que no están empadronados, algunos por carecer de domicilio propio. Y pone todavía más trabas a los trabajadores inmigrantes que contribuyen de forma decisiva al dinamismo de la capital y de todo el país. Porque no solo les limita el acceso al transporte público en las mismas condiciones que el resto de los residentes, sino que penaliza con precios más caros a las personas que más lo necesitan y que son usuarios de alta frecuencia. La posesión del abono ha servido además, en el actual proceso de regularización, para justificar el arraigo duradero en el territorio español en ausencia del padrón. Sin él, todo se complica para muchos. Señalar que unas personas sí pueden disfrutar de estos servicios públicos y otros no es un primer paso en una peligrosa pendiente de exclusión.Lo que está en discusión no es la legitimidad de una ciudad, una región o una empresa de transportes para fijar las condiciones de las tarjetas y los descuentos. Pero la nueva regla publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid es algo distinto. En un primer momento, dejaba fuera del abono a todos los usuarios que no estuvieran empadronados en un municipio de la Comunidad, lo que incluía estudiantes del resto de España y extranjeros. Después, la norma se modificó para que, mediante convenios con las regiones limítrofes con Madrid, los estudiantes de estas regiones puedan poseer el abono madrileño.El Gobierno de Madrid señala que la decisión se tomó en 2011, por lo que tendría poco que ver con la actual regularización ni con Vox, que por entonces no existía, y afirma que, si no se ha aplicado hasta ahora, 15 años después, es por problemas técnicos. Un portavoz esgrime que, al estar los precios del transporte subvencionados, “la finalidad es que quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse”. Pero lo que este argumento ignora es que el objetivo de la regularización es precisamente permitir que los migrantes que trabajan puedan salir de la economía sumergida y pagar impuestos. Para ello, el uso del transporte público, nervio económico de toda gran capital, es fundamental. La realidad es que, con esta norma, quedan, de un lado, los españoles y del otro, los extranjeros.La decisión podrá complacer a Vox y tal vez sirva a Díaz Ayuso para pescar en su electorado. Al mismo tiempo, es una enmienda total al espíritu y la letra de lo que hace unos días León XIV dijo entre aplausos en la capital de España: “Quien está en Madrid es de Madrid”. Visiblemente, no todos lo entendieron.