La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación contra el Consorcio Regional de Transportes y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por considerar que los nuevos requisitos para acceder a la tarjeta de transporte público personal (TTP) discriminan al colectivo de personas migrantes residentes en la región, según informa CTXT.PublicidadLa denuncia responde a las nuevas condiciones para la expedición, renovación y duplicado de la TTP, publicadas el pasado 12 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde el 15 de junio, la obtención de esta tarjeta, necesaria para cargar el abono mensual de transporte, exige acreditar la condición de residente en alguno de los municipios de la comunidad autónoma.Según ACO, esta modificación tiene como consecuencia práctica la exclusión de personas migrantes que viven y trabajan en Madrid pero que no pueden acreditar el empadronamiento. La asociación sostiene que se trata de una medida dirigida especialmente contra quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social o administrativa.AporofobiaEn el escrito remitido a la Fiscalía, la organización califica la directriz de "xenófoba y aporofóbica" —la aporofobia es el miedo y/o el desprecio hacia las personas pobres o desfavorecidas— y argumenta que supone una discriminación indirecta contra personas migrantes en situación administrativa irregular. A su juicio, el requisito del empadronamiento perjudica de forma desproporcionada a colectivos a los que habitualmente se les dificulta el acceso a ese trámite pese a residir de manera efectiva en la región.La denuncia también sostiene que en las nuevas condiciones aprobadas por la Comunidad de Madrid subyace un "ánimo de exclusión" que podría encajar, según la interpretación de la asociación, en un delito de denegación discriminatoria de prestaciones públicas contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Asimismo, apunta a la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404.PublicidadACO recuerda que el empadronamiento es un derecho y una obligación para todas las personas residentes en un municipio, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa. Sin embargo, denuncia que numerosos ayuntamientos siguen imponiendo obstáculos que dificultan el acceso al padrón, especialmente a quienes carecen de contrato de alquiler o viven en situaciones de exclusión residencial.La asociación señala además que organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de las personas migrantes vienen denunciando desde hace años la exigencia de documentación que, en la práctica, resulta inaccesible para muchos ciudadanos vulnerables. Entre esos requisitos figuran títulos de propiedad, contratos de arrendamiento o autorizaciones de titulares registrales, documentos que no siempre pueden aportar quienes residen en habitaciones subarrendadas o inmuebles sin regularizar.PublicidadDiscriminación encubiertaPor ello, ACO considera que la exigencia del empadronamiento para acceder al abono transporte constituye una forma de discriminación encubierta. Aunque la norma no menciona expresamente la nacionalidad de los usuarios, la asociación sostiene que afecta de manera mayoritaria a personas migrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión social, precisamente los colectivos que encuentran más dificultades para formalizar su inscripción en el padrón.Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha defendido la nueva regulación. Según informa EFE, el Consorcio Regional de Transportes ha remitido cartas a todas las comunidades y ciudades autónomas para promover convenios que permitan extender los beneficios del abono transporte madrileño a personas no empadronadas, especialmente estudiantes y universitarios. El Gobierno regional sostiene que estos acuerdos deberían basarse en la corresponsabilidad financiera entre administraciones y toma como referencia el convenio ya vigente con Castilla-La Mancha para sufragar los descuentos de estudiantes que se desplazan a Madrid.