La apuesta de la Comunidad de Madrid por condicionar la tarjeta de transporte a que el solicitante esté empadronado en la región, lo que en este momento deja fuera del sistema a 200.000 estudiantes de otras provincias y migrantes sin este documento, acabará en los tribunales. Así, Izquierda Unida registrará próximamente un recurso contencioso-administrativo en el que pedirá la suspensión cautelar de la medida, según explica su líder madrileña, Carolina Cordero. Además, Más Madrid y el PSOE autonómico estudian qué pasos legales tienen a su disposición. Finalmente, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, analiza la controversia desde una “óptica legal”, según una fuente gubernamental del máximo nivel. Tras desvelar EL PAÍS la polémica, este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un cambio: se firmarán convenios con otras regiones para que el requisito no afecte a estudiantes de otras provincias. Eso deja como principales afectados a los trabajadores residentes en otras comunidades, y a los migrantes, que se enfrentan a un sistema colapsado para darse de alta en el padrón de la capital. El Ayuntamiento de Madrid reconoce el problema y por ello ha habilitado la vía telemática. Impugnar la norma en el seno del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en el que el Ministerio de Transportes está representado. Recurrir por la vía contencioso-administrativa. O acudir al Tribunal Constitucional. Un político de izquierdas que ha tenido responsabilidades de peso en la capital de España plantea esas tres opciones para que los partidos interesados pongan pie en pared frente a la decisión del Gobierno autonómico, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP). Mientras el Gobierno de España, Más Madrid y el PSOE estudian cuál de ellas adoptan, o si se les ocurre otra alternativa, Izquierda Unida, sin representación en la Asamblea, ya está dispuesta a mover ficha. “Ayuso compite descaradamente por la derecha con Vox y da la espalda a quienes más lo necesitan”, opinó Carolina Cordero, la líder de IU en Madrid. “Hacemos un llamamiento al Ejecutivo central (PSOE y Sumar) para que tome las medidas oportunas que puedan garantizar que el proceso de regularización no se vea torpedeado en Madrid por el Gobierno de Ayuso”, añadió, recordando las largas colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por extranjeros en situación irregular que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y regularizar su situación en España. Y remató: “Por nuestra parte, vamos a recurrir en vía contencioso-administrativa solicitando la suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso, porque la medida vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de miles de personas”.Esto dijo Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea: “Desde el Gobierno central se hará lo que se ha hecho siempre, tratar de subsanar las políticas discriminatorias de Ayuso. Y esta no es una medida solamente discriminatoria, sino racista”. Una fuente gubernamental confirmó que la polémica se analiza en el ministerio desde una “óptica legal”. A ello se unió que Renfe emitiera este lunes un comunicado en el que describió como “injustificables” unas restricciones que “van en contra del objetivo de reducir el uso del coche” y que, recalcó, no han sido ni “comunicadas ni consensuadas” con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono. Por ello solicitó una reunión de la comisión de seguimiento. Además, Manuela Beregerot, portavoz de Más Madrid, avanzó que el equipo jurídico de su partido “analiza medidas legales que daremos a conocer en los próximos días”. Y opinó: “Van a hacer la vida más difícil a miles de personas y se ceban especialmente en los migrantes, que tienen cada vez más difícil empadronarse en Madrid por la falta de citas y el endurecimiento de los requisitos”.La norma que permite a Madrid adoptar esta decisión está en vigor desde 2011. El Ejecutivo asegura que ha tardado 15 años en aplicarla “por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, su activación llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP.Así, Isabel Pérez Moñino, portavoz de la extrema derecha en la Asamblea, celebró el lunes la decisión del Gobierno de Díaz Ayuso. “La semana pasada hablábamos del colapso del metro . Es una realidad”, dijo en una rueda de prensa en la que acusó a los migrantes de ser responsables de la masificación de este servicio público. “Este paso (de vincular la tarjeta de transportes al padrón) lo da el Gobierno de Madrid porque Vox está aquí, porque se está arrastrando en las encuestas”, añadió. “Es insuficiente. Apostamos por el principio de prioridad nacional. No solo hay que establecer el empadronamiento. Hay que incidir en la prioridad nacional”.De hecho, Pérez Moñino iría más allá e impulsaría un equipo dedicado a revisar el padrón y detectar fraudes. Una medida que Vox podría exigir si el PP depende de sus votos para gobernar tras las próximas elecciones autonómicas. Así ha ocurrido en Extremadura, como se puede leer en el correspondiente acuerdo entre ambos partidos: “Se procederá a la creación de la Unidad Extremeña de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva como instrumento clave para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Convenios para estudiantesLa medida de Madrid también coincide con las largas colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por las peticiones de extranjeros que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y acogerse a la regularización abierta por el Gobierno central (PSOE y Sumar). De hecho, los migrantes —condicionados por sus dificultades para lograr una cita para empadronarse, lo que ha favorecido un mercado negro de venta de citas— son los grandes perjudicados por la nueva normativa. Aunque la decisión de vincular la tarjeta de transporte al padrón afecta a los 179 ayuntamientos de la región, el problema con los empadronamientos y la falta de citas se concentra en la capital. Así lo ha reconocido el propio alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, este lunes. “En relación con las citas de empadronamiento, nosotros estamos tratando de agilizar porque somos conscientes y eso siempre es importante, decirle a los madrileños la verdad, que efectivamente hay un retraso en el tema de las citas de empadronamiento”, ha dicho. “Estamos viendo diversos sistemas que nos permitan mejorar la atención porque es un trámite esencial, obviamente, el de poder empadronarte lo antes posible en la ciudad de Madrid”.Entre esos sistemas está el de empadronarse telemáticamente y aportando los mismos documentos que en las citas presenciales, tan difíciles de conseguir. Un sistema que ya está activo en la web del Ayuntamiento, y que en teoría permitirá resolver el grueso del problema. Pero no todo el problema. Empadronarse no es tan fácil para quienes viven subarrendados en una habitación: el contrato de arrendamiento original puede incluir la prohibición de empadronar a personas distintas o adicionales a las recogidas en él como arrendatarios, según recuerda el propio Consistorio. Mientras tanto, Díaz Ayuso rectificó a medias este lunes, y prometió que su Gobierno firmará convenios con los del resto de regiones para asegurarse de que los estudiantes provenientes de otros lugares de España no se queden sin acceder a la tarjeta de transporte por no estar empadronados en la capital. La presidenta no aclaró si pedirá a sus homólogos una contraprestación económica en esos acuerdos. Unos pactos, en todo caso, que dejarán también sin tarjeta de transportes a los estudiantes extranjeros. Y que además previsiblemente tardarán largos meses en firmarse. En consecuencia, los alumnos de fuera de Madrid que no estén empadronados en la capital estarán todo ese tiempo sin tarjeta de transporte público, salvo que ya la tengan o se empadronen. ¿La razón? Que la nueva norma está en vigor desde este lunes.