El objetivo era el mismo: evidenciar la posible falta de apoyos del Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez. La coyuntura es diferente: los crecientes escándalos del PSOE y la crónica parálisis legislativa han provocado que esa falta de apoyos sea más real que nunca en esta legislatura. Solo así puede enmarcarse la decisión de la Mesa de la Cámara Baja —presidida por la socialista Francina Armengol y en la que PSOE y Sumar tienen mayoría— de vetar las iniciativas parlamentarias (no vinculantes) de PP y Junts para instar a Sánchez a convocar elecciones cuando, en cambio, sí admitió la proposición no de ley que los posconvergentes presentaron en febrero 2025 para pedir al presidente que se plantease la opción de someterse a una cuestión de confianza. La Mesa ha argumentado ahora que las iniciativas de ambos partidos "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno", concretamente "la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española". Sin embargo, no observó una invasión de competencias en la registrada hace un año y medio. Entonces, Junts buscaba presionar al PSOE por lo que a su juicio consideraba una ralentización en el cumplimiento de los puntos del acuerdo de investidura a Pedro Sánchez. En dicha proposición no de ley, Junts instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, pero dejaba claro, como en la enmienda presentada este martes, que esta era "una prerrogativa" del presidente, de forma que aunque el Pleno considerase oportuno que se tenía que someter a ella, la decisión final estaría en sus manos. Esta última matización la introdujeron los posconvergentes en una reformulación de su iniciativa, pues la original no la contenía, tras un acuerdo alcanzado con el PSOE para dar su apoyo a un decreto ómnibus. Sea como fuere, el 24 de febrero, un día antes de que se debatiese en el Pleno, los posconvergentes decidieron retirar su proposición no de ley a petición de Francisco Galindo, el mediador internacional en las reuniones entre su formación y el PSOE en Waterloo, de cara a "hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura" y para "dar tiempo" a que el Gobierno materializase los acuerdos aún pendientes de cumplir. Una semana después Junts y PSOE presentaban conjuntamente en el Congreso una proposición de ley para ceder las competencias de migración a Cataluña. El pleno la rechazó en septiembre con el voto en contra de Podemos, pero la regularización extraordinaria de inmigrantes ha hecho que los morados se abran a negociar sus puntos. Los socios conservadores piden eleccionesLa situación ahora es diferente. Entonces, la confianza de Junts en el PSOE no estaba totalmente rota y los socialistas no habían sufrido aún el encarcelamiento de Santos Cerdán (José Luis Ábalos sí estaba ya imputado), la investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero ni la encaminada a esclarecer la supuesta existencia de unas cloacas en las que Leire Díez, por orden de Cerdán, maniobraba contra causas judiciales y pesquisas policiales que afectaban a los socialistas, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Un año y medio después, a la vista de los acontecimientos, tanto Junts como el PNV han pedido públicamente al presidente que convoque elecciones, si bien ninguno se plantea apoyar una hipotética moción de censura. En el espectro de la izquierda, Podemos ya ha levantado la voz contra Sánchez y, a pesar de que también descarta tumbar el Gobierno, sí ha manifestado en más de una ocasión que la legislatura "está muerta". Este martes, Junts fue más allá de una simple declaración al demandar la convocatoria electoral de manera formal, a través de la enmienda a la moción de interpelación urgente del PP que se votaba este jueves y que la Mesa ha tumbado. De haber tenido lugar la votación de las enmiendas, también podría haber sido significativa la posición que hubiera adoptado el grupo vasco, pues, de resultar favorable, habría sido la primera vez en esta legislatura que se generase formalmente una mayoría clara en contra de la continuidad de Sánchez en la Moncloa. A pesar de que la eventual aprobación de estas enmiendas no hubiese sido vinculante y el presidente no habría tenido la obligación de acatarlas, la fotografía de un Congreso dando la espalda específicamente a su mandato (no a una iniciativa cualquiera, como sí ha ocurrido en otras ocasiones) hubiese sido un escaparate que el Gobierno a buen seguro quería evitar, más aún en una semana tan delicada para el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero declarando en la Audiencia Nacional, las nuevas revelaciones sobre el caso Leire Díez y la inminente publicación de la sentencia del caso Koldo.