Con un decreto, Javier Milei eliminó instancias de participación ciudadana en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y, además, suprimió la recomendación de cumplir criterios de diversidad de género, de especialidad y de origen regional para nombrar a los magistrados. La medida, oficializada este martes, fue cuestionada por expertos en derecho y organizaciones del sector judicial, que advirtieron sobre su carácter regresivo y antidemocrático. El decreto 467/2026, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, reforma las normas que regían el nombramiento de jueces de la Corte, del procurador general y el defensor general de la Nación. El nuevo régimen flexibiliza requisitos y suprime etapas previas al envío al Congreso de los pliegos de los candidatos.En Argentina, los jueces del máximo tribunal son propuestos por el presidente, votados por el Senado y luego refrendados por el mandatario. Desde 2003, por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, el Ejecutivo debía organizar a través de su cartera judicial una instancia de exposición de los postulantes al escrutinio público, antes de iniciar su tratamiento parlamentario. “Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” eran invitados a presentar, en un plazo de 15 días, “de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar” sobre los candidatos. Todo ese proceso anterior a la definición del Ejecutivo de sus postulantes quedó ahora eliminado y fue derogada la obligación de publicitar las candidaturas en periódicos de alcance nacional. La difusión de los antecedentes de los candidatos se limitará a su publicación en el Boletín Oficial y el portal web del Ministerio de Justicia.El decreto de Milei también suprimió la recomendación de considerar, “en la medida de lo posible”, que la inclusión de nuevos miembros en la Corte Suprema “permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”. El Gobierno ultra sostuvo que los cambios buscan “agilizar” el procedimiento para designar magistrados y evitar “duplicaciones” administrativas. El escrutinio popular —sostuvo Milei en los considerandos de su decreto— está previsto “en el procedimiento constitucional y reglamentario” de la Cámara de Senadores, donde “se garantiza la publicidad, participación ciudadana y evaluación pública de los candidatos”. El Ejecutivo no consignó ni difundió ningún argumento para defender la eliminación de los criterios de representatividad en términos de género, origen territorial y especialidad jurídica de los magistrados.La reforma decretada por Milei es “un retroceso innecesario”, señaló el Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires. “La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundadamente apoyos u objeciones antes de la remisión de los pliegos contribuía a enriquecer la decisión presidencial, fortalecer la legitimidad de las designaciones y ampliar la transparencia del proceso”, destacó, antes de expresar su preocupación por la derogación de los criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para conformar la Corte. Para el doctor en derecho Andrés Gil Domínguez, el decreto presidencial “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente”. “También implica”, agregó en un mensaje difundido en sus redes sociales, “una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y por último impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino”. Entre otras críticias a la iniciativa oficial, el diputado Pablo Juliano, de la centrista Unión Cívica Radical, consideró que “el Gobierno busca derogar la autolimitación presidencial y dejar a la ciudadanía afuera de las audiencias de selección de los jueces de la Corte. Quieren una Justicia opaca y de luces apagadas”. La Corte Suprema argentina debería contar con cinco miembros, pero desde 2024 funciona con tres, después de una renuncia y un final de mandato. Aquel año, Milei intentó completar las vacantes sin respetar el procedimiento ordinario y designó a dos nuevos jueces por decreto; pero no consiguió el acuerdo del Senado. En lo que va de 2026, el presidente avanzó con numerosas designaciones en distintas áreas del Poder Judicial y recientemente protagonizó un llamativo conflicto: tras enviar al Congreso el pliego de una candidata a jueza federal, lo retiró por su parentesco con un periodista que ha investigado la corrupción en el Gobierno. De todos modos, el Senado aprobó el nombramiento de la magistrada, pero hasta ahora Milei no ha firmado su designación.