El Gobierno nacional modificó el procedimiento y los requisitos para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del Decreto 467/2026. La reforma introducida por el Poder Ejecutivo liderado por Javier Milei elimina de forma directa instancias clave de participación ciudadana previa y suprime los criterios normativos de género, especialidad y procedencia regional que el presidente debía tener en cuenta al preseleccionar a los postulantes para el máximo tribunal. La medida modifica cinco artículos y deroga otros tres del Decreto 222/2003, dictado por Néstor Kirchner a pocas semanas de asumir su presidencia, que había sido el puntapié para la reforma de la Corte Suprema mediante juicios políticos, renuncias y destituciones. El argumento central del actual oficialismo para avanzar con este cambio en el territorio argentino es que la intervención de la sociedad civil representaba una "duplicación de instancias", puesto que esos mecanismos de control ya se encuentran previstos en el procedimiento constitucional y reglamentario que aplica posteriormente el Senado de la Nación. Santiago Caputo defendió el cambió en la designación de jueces: "Si tienen un problema con eso hay que elegir mejores senadores"