Pere Vicenç Miró dio un respingo cuando el miércoles 3 de junio vibró su teléfono móvil y vio el nombre de su abogado en la pantalla. Aquella llamada le cogía por sorpresa, y no sólo porque acabara de volver a Mallorca después de una larga temporada viviendo muy lejos de la isla. Las noticias que empezó a contarle el jurista eran buenas, muy buenas, y, de golpe, trasladaron a Vicenç hasta noviembre de 2021.
Cuatro años y medio después, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga al Govern a estudiar una solicitud de la asociación Amics de la Casa del Poble que no se consideró en su momento. El origen de una batalla que esta entidad impulsada por decenas de vecinos del Eixample de Palma acaba de ganar. Al menos, en su plano judicial.
Porque el tuétano del asunto es la parcela que hay a espaldas de Vicenç. O que había: en el mismo lugar donde entre 1924 y 1975 primero se levantó la sede mallorquina de los principales sindicatos –hasta la Guerra Civil– y, después, la sede mallorquina de Falange, tras el triunfo de la rebelión fascista, ahora se construyen pisos. Inflados por los precios de la burbuja inmobiliaria, serán un producto de lujo. Como en la letra de Cambalache, la memoria histórica se mezcla con la especulación urbanística.
