Los problemas no dejan de crecer en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que dirige la presidenta Mar Chao. En este caso, viene motivado por un expediente abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, que podría finalizar en una sanción administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.
Según ha averiguado elDiario.es, a raíz de una denuncia anónima, la AIPI abrió una investigación preliminar que ha concluido en la apertura de un expediente y su traslado al departamento de procedimiento sancionador por posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Si la conducta se calificara finalmente como una infracción muy grave, tal y como pone de relieve la denuncia, la multa podría situarse entre 600.001 y 1.000.000 euros, al tratarse de una entidad pública equiparada a una persona jurídica.
La denuncia cuestiona la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que habría delegado en una empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.
