Las pesquisas indagan la supuesta “subrogación encubierta” de empleados en un consorcio público
La Fiscalía Anticorrupción investiga penalmente al Ayuntamiento de Valencia, que preside María José Catalá (PP), y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la recolocación a dedo de trabajadores del denominado Consorcio Valencia 2007, de titularidad pública, según confirma el Ministerio Público.
Junto a Catalá, las pesquisas indagan la presunta implicación en esta irregularidad de dos concejalas del Consistorio, Rocío Gil y Paula Llobet, y de la presidenta de la APV, Mar Chao.
Las pesquisas de Anticorrupción arrancaron tras una denuncia presentada en febrero por de Compromís, que sostenía que Catalá, Chao y las concejalas Rocío Gil, presidenta de la Fundación Deportiva Municipal; y Paula Llobet, de la sociedad pública Visit Valencia; incurrieron presuntamente en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al impulsar un proceso de “subrogación encubierta” de tres trabajadores que formaban parte del Consorcio Valencia 2007. Y que pasaron a ocupar cargos directivos en dos entidades municipales y en la Autoridad Portuaria de Valencia. La supuesta irregularidad se cometió en 2024, según la denuncia.
