Lo han contado mil veces, y no renuncian a contarlo mil veces más porque sienten que corren una “contrarreloj”. “No pedimos perdón por exigir lo que es nuestro”, abandera Antonio Rodríguez, de 74 años, que teme que su lucha se vaya al traste si cae el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Se refiere a la indemnización por el dinero rojo, el papel moneda que puso en circulación el Gobierno de la República después del golpe del 18 de julio de 1936 y que fue incautado por Franco en 1938. La Ley de Memoria Democrática, de 2022, reconoce su derecho a ser resarcidos, pero falta un inventario de todos esos bienes y un contravalor actualizado. “Nos han dejado en vía muerta”, se queja Lídia Jiménez, reconocida por el Parlament como nieta de Lluís Companys.La Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista (APIGF) -nacida en Cataluña en 2005- representa a 400 personas, que acumulan papel moneda por valor de ocho millones de pesetas. Antonio Rodríguez, uno de los asociados, reclama 29.000 pesetas de sus abuelos; Lídia Jiménez, de 72 y tesorera de la entidad, exige las 1.230 de su madre. “Todas estas familias tuvieron que empezar de cero”, añade la presidenta, Laureana Cervera, de 73 años, que acumula 33.000 pesetas en papel moneda. Sus abuelos pasaron de plantearse comprar un edificio en el Eixample de Barcelona o regentar una destilería a vivir el resto de su vida de alquiler, sufriendo por llegar a final de mes. “La gente tenía ese dinero en casa. Y la ley decía que los tenías que llevar al banco, a las comandancias, o a los ayuntamientos”, cuenta Antonio Rodríguez. Cuando lo hacían, les entregaban un recibo conforme se había intervenido el dinero “puesto a circulación por el enemigo”, como consta en uno de los documentos que posee. Una garantía de que en algún momento se lo podrían devolver. “90 años después, seguimos esperando”, se quejan. “El problema es la auditoria”, señala Lidia Jiménez, sobre el motivo por el que el Gobierno no ha dado el paso para indemnizarlos. La Ley de Memoria Democrática reconoce el papel moneda como un bien incautado. Pero, para compensar a sus poseedores, es necesario primero un estudio de los bienes requisados durante el Franquismo, y determinar después el contravalor actualizado del dinero. La auditoría debía estar lista un año después de su entrada en vigor de la Ley, según consta en el articulado. “Y ya llevamos cuatro esperando”, se queja Laurena.Pero la APIGF considera que, en su caso, no es necesario un inventario. Desde que su creación, la asociación ha ido desbrozando el camino para encontrar la mejor manera de acreditar su situación. En 2023, con la ayuda del equipo de abogados Vosseler, establecieron unos criterios claros para determinar quién podía reclamar el papel moneda: descendientes directos de los afectados, como máximo de cuarta generación (como dice la ley), acreditado ante notario, junto a la autenticidad de los recibos. “¿Qué puede aportar la auditoria en nuestro caso? Nada”, sostienen, sobre la fiabilidad de sus documentos. “No pretendemos pedir perdón, porque exigimos que se nos devuelva una cosa que arruinó a nuestros abuelos. Pero tampoco pretendemos arruinar al estado”, insiste Antonio Rodríguez, sobre lo que puede suponer la indemnización de las familias afectadas por el dinero rojo. El grupo parlamentario de Junts preguntó en febrero la previsión del Gobierno para resarcir a los afectados por el dinero republicano intervenido. En abril, respondió que trabajan en la auditoría de los bienes expoliados, “incluyendo el papel moneda u otros signos fiduciarios”. Y que solo una vez finalizada, “se podrán implementar las posibles vías de reconocimiento de los afectados”. La lucha de la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista (APIGF) empezó hace más de 25 años, impulsada por la madre de Lídia Jiménez, supuesta hija secreta de Lluís Companys, según unas cartas halladas del expresidente. Primero como una agrupación, y después ya como una asociación, lideraron la lucha por el reconocimiento del dinero rojo. Con los años, han pasado de 1.100 asociados a 400. “Soy la necrológicas”, se conforma Lídia Jiménez, sobre cómo ve fallecer a las personas sin lograr que su lucha sea reconocida, y como sus descendientes se cansan de esperar. En abril de este año, los asociados también han empezado a recibir las declaraciones de reconocimiento y reparación personal, donde se les declara víctimas, y se incluye importe concreto incautado. “Pero es como una manera de engañarnos, de enredar. De decirte que sí, pero que no”, lamenta Lídia Jiménez, que sospecha que la situación “se dilata” adrede. “Es un duelo que no hemos logrado romper”, se queja la mujer. “Estamos en tiempo de descuento”, pena Antonio Rodríguez. “Parece que pidamos limosna”, se suma Laureana Cervera.