Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.
Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.
El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.
