Diez provincias y cuatro cantones se rigen bajo estado de excepción por grave conmoción interna desde este martes 16 de junio. Regirá por 60 días.En el Decreto Ejecutivo 423, Daniel Noboa, presidente de la República, dispuso la medida para Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).Intervención militar y suspensión de derechosDentro de esta medida, el presidente dispuso el empleo e intervención de Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía en dichas jurisdicciones con el fin del restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, así como prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte el ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población.PublicidadAdemás, el decreto suspende los derechos de inviolabilidad del domicilio o inviolabilidad de correspondencia y dispone la requisición de bienes y servicios de origen lícito.Fundamentos del decreto: informes de InteligenciaEn el documento, Noboa toma como fundamentos varios documentos como un informe reservado de Inteligencia y un informe jurídico del 25 de junio elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia.En estos se establece que en las zonas mencionadas se han caracterizado las tipologías de las estructuras organizadas delictivas con el objetivo de lograr una comprensión estructural y funcional, distinguiéndose grupos de delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada transnacional, grupos armados organizados, organizaciones terroristas y grupos de delincuencia común.PublicidadPublicidadEn esas operaciones se identificaron economías ilícitas de minería ilegal, narcotráfico, tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y accesorios, extorsión y secuestro, tráfico de hidrocarburos, lavado de activos, contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes, entre los más relevantes.En los informes del Centro Nacional de Inteligencia se destaca que la violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente, identificándose patrones de focalización en provincias y cantones estratégicos mencionados en la declaratoria, determinándose que la incidencia delictiva no se concentra de forma hegemónica en virtud de que las jurisdicciones de interés cuentan con conectividad vial y marítima que facilitan la ejecución de las actividades ilícitas de las estructuras criminales.Además, en un informe reservado de inteligencia se especifican escenarios que destacan la reconfiguración criminal en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, con panoramas de violencia de alto impacto en El Oro y Azuay, incremento sostenido de la violencia en Santa Elena y Esmeraldas, así como incremento progresivo de modalidades delictivas que buscan diversificar las economías ilícitas en Pichincha.A su vez, el documento expone que en Sucumbíos se presenta una convergencia de estructuras armadas de origen colombiano y economías ilícitas vinculadas a recursos estratégicosFinalmente, en los cantones Las Naves, La Maná y La Troncal se evidencia que se han convertido en rutas de tránsito, almacenamiento y retaguardia logística de economías ilícitas.Análisis de la violencia y justificación de la medidaEntre el 1 de mayo y el 12 de junio se identificó que el 93 % de la violencia se concentra en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, Santa Elena, Sucumbíos y Azuay. Por ello, el decreto expone que se evidencia una violencia sostenida que requiere una intervención inmediata, focalizada y diferenciada en esas jurisdicciones.PublicidadAdemás, el decreto detalla que en Ecuador se evidencia una evolución hacia un escenario de alta complejidad en esas localidades con disputas territoriales intensas, expansión del narcotráfico y fortalecimiento de economías ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal.Según el documento, las estructuras criminales han incrementado su capacidad operativa mediante atentados con explosivos en Guayas y Esmeraldas, asesinatos selectivos a fiscales y policías en Manabí y Los Ríos, extorsiones a transportistas y comerciantes en Santo Domingo y Santa Elena; así como actos de intimidación en Sucumbíos y Los Ríos.En categorización, informes de análisis de riesgo determina que El Oro tiene un riesgo crítico, mientras Manabí, Guayas y Los Ríos en riesgo alto; a su vez Santa Elena y Esmeraldas con riesgo elevado, mientras Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas con niveles moderados con amenazas judiciales significativas.En Azuay, por ejemplo, existe un incremento en virtud de la actividad de minería ilegal; destacando los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal por su ubicación estratégica que se han convertido en corredor de tráfico y presión operativa. Además, se expone la configuración de economías ilícitas de tránsito y minería artesanal.Además, el decreto recoge que el Ministerio del Interior remitió dos informes a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia en los que se realiza un análisis de las estructuras criminales, violencia y delincuencia del 1 de mayo al 12 de junio con detalles de las economías ilícitas desarrolladas por el crimen organizado, la logística y el armamento utilizado, la injerencia delictiva y los sectores priorizados, así como la evaluación de riesgo por jurisdicción, análisis de la violencia, así como operativos realizados en esas localidades.El decreto también expone que la situación de seguridad interna del país continúa caracterizándose por un alto nivel de violencia criminal asociada a la actuación de grupos armados organizados y estructuras delictivas conexas, lo que mantiene un escenario objetivo de grave conmoción interna, fraccionamiento de bandas que protagonizan disputas y persistencia de extorsiones y secuestros como amenazas contra la seguridad pública, la gobernabilidad y la estabilidad social.Informes adicionales y datos de emergenciaEntre los fundamentos, el acuerdo también citó un informe técnico-operacional y otro jurídico que sustenta información de inteligencia, basado en la “información consolidada de inteligencia estratégica, seguimiento operacional, evaluación de resultados en territorio y apreciación jurídica del empleo de la fuerza, con el propósito de determinar la evolución de la amenaza, medir el impacto del empleo de las Fuerzas Armadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo, con estado de excepción y del periodo comprendido del 1 al 15 de junio de 2026, con régimen ordinario, para establecer la necesidad objetiva de una declaratoria de estado de excepción como instrumento constitucional para la preservación del orden público, la seguridad integral del Estado y la estabilidad institucional”.En este, además, se resalta que el estado de excepción constituye una medida constitucionalmente admitida, necesaria y proporcional, orientada a restablecer el orden público, proteger la población civil y coadyuvar a la ejecución eficaz de las operaciones de seguridad del Estado.También se recoge un informe técnico jurídico remitido por el ECU911 a la Secretaría General Jurídica para la declaratoria de estado de excepción. En el documento se dan detalles de la coordinación de emergencias en las provincias y cantones mencionados del 1 de mayo al 12 de junio, registrando 302.151 emergencias, de las cuales el servicio de seguridad ciudadana representa el 67,3 % del total.Además, en un informe de la Dirección de Monitoreo y Evaluación Mediática de la Secretaría General de Comunicación se remitió un informe de barrido sobre hechos violentos en las provincias y cantones con la declaratoria de excepción. En este se contabilizaron 790 noticias relacionadas con hechos violentos del 1 al 12 de junio del presente año. (I)