Publicidad16 de junio, 2026 - 17h21El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de junio de 2026 un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna”. Será en diez provincias y tres cantones del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días.Esta contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia y no un toque de queda como en ocasiones anteriores.El decreto n.- 423 enlista las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.PublicidadEntra vigencia desde hoy, 16 de junio, también dispone el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional para precautelar el orden público, prevenir actividades del crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana en las jurisdicciones señaladas.Detalles:El Ejecutivo suspendió el derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que permitirá allanamientos cuando existan indicios sobre presencia de grupos armados organizados, armas, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros elementos relacionados con delitos o amenazas a la seguridad.Se suspendió el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, con el objetivo de permitir la identificación, análisis y recopilación de información vinculada con los hechos que motivaron la declaratoria. PublicidadPublicidad¿Hay toque de queda en las provincias y cantones con estado de excepción? Esto dice el decreto firmado por Daniel NoboaEl documento dispone el empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional en las provincias y cantones mencionadas con el fin de precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, así como para prevenir, contrarrestar o neutralizar cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte el ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población.“Dispóngase la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito que resulten estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de los fines de la presente declaratoria, protegiendo las garantías, derechos y libertades de la población”, dice el escrito. (I)