Suecia acaba de aprobar uno de los mayores endurecimientos de su política migratoria de los últimos años. El Parlamento del país nórdico ha dado luz verde a nuevas medidas que permitirán retirar permisos de residencia por conductas consideradas inapropiadas y obligarán a numerosos funcionarios públicos a informar sobre personas que sospechen que se encuentran en situación irregular. Durante décadas, Suecia fue vista como uno de los países europeos más abiertos a la acogida de refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, desde la llegada al poder de la coalición de centroderecha en 2022, respaldada parlamentariamente por los Demócratas de Suecia, formación de extrema derecha, las normas se han ido endureciendo de forma progresiva. La medida que más debate ha generado es la conocida como ley de la "buena conducta". La nueva normativa permitirá a las autoridades negar o incluso retirar permisos de residencia a extranjeros que incurran en comportamientos considerados incompatibles con la permanencia en el país. Entre los ejemplos mencionados por el Gobierno figuran las deudas impagadas, el fraude fiscal, la ocultación de actividades laborales, la delincuencia o la vinculación con organizaciones extremistas. El Ejecutivo defiende que quienes no respeten las normas o no contribuyan adecuadamente a la sociedad sueca no deberían tener garantizado el derecho a permanecer en el país. No obstante, organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición han mostrado su preocupación porque la ley no define con precisión qué conductas podrán ser utilizadas para justificar una expulsión. Sus críticos consideran que esto puede generar inseguridad jurídica y permitir decisiones basadas en criterios subjetivos. Junto a esta reforma, el Parlamento también ha aprobado una controvertida norma conocida popularmente como la "ley del soplón". La legislación obliga a empleados de diversos organismos públicos, como la Agencia Tributaria, los servicios de empleo o la Seguridad Social, a comunicar a las autoridades cualquier sospecha sobre personas que residan en Suecia sin la documentación necesaria. La iniciativa ha sido una de las más polémicas de los últimos años. Tras las críticas recibidas, médicos, profesores y trabajadores sociales quedaron finalmente excluidos de esa obligación. Aun así, asociaciones de defensa de los migrantes alertan de que la medida podría provocar que muchas personas eviten acudir a instituciones públicas por miedo a ser identificadas y deportadas. Diversos expertos también han advertido de posibles efectos secundarios. Algunos investigadores consideran que la nueva legislación puede aumentar la marginación de los inmigrantes en situación irregular y dificultar su acceso a servicios básicos. Además, sostienen que podría generar un clima de desconfianza entre la población migrante y las administraciones públicas. Suecia acaba de aprobar uno de los mayores endurecimientos de su política migratoria de los últimos años. El Parlamento del país nórdico ha dado luz verde a nuevas medidas que permitirán retirar permisos de residencia por conductas consideradas inapropiadas y obligarán a numerosos funcionarios públicos a informar sobre personas que sospechen que se encuentran en situación irregular.