Las autoridades suecas podrán revocar el permiso de residencia y ordenar la expulsión de inmigrantes que el Gobierno considere que tienen una “mala conducta”. La ley no especifica qué tipo de conductas se consideran inaceptables para vivir en el país nórdico, pero el Gobierno ha mencionado como ejemplo los casos en que las personas tengan deudas impagadas, trabajen de forma no declarada o tengan vínculos con organizaciones extremistas, entre otros supuestos.
El Parlamento de Suecia aprobó la ley para que la norma se aplique de forma retroactiva para los permisos de residencia ya concedidos y para los que están aún pendientes de tramitar. Esta medida, que refuerza la represión contra las personas inmigrantes, forma parte del endurecimiento general de las normas de inmigración que el Gobierno conservador de Suecia, con el apoyo del partido ultra Demócratas de Suecia, está llevando a cabo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.
La ley ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por grupos defensores de los derechos de los migrantes por considerarla una norma arbitraria, ya que la retirada de los permisos de residencia se basaría en conductas que no son catalogadas como delito en el código penal. Sin embargo, el Gobierno ganó las elecciones en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y combatir la delincuencia, por lo que defiende que las personas que se comportan mal o cometan delitos no son bienvenidas en Suecia: “Quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando propuso el proyecto de ley en marzo.
