Si la educación y la sanidad son dos pilares del estado del bienestar, y la sociedad española asume que deben estar garantizados para todos los ciudadanos, ¿por qué no sucede lo mismo con la alimentación? Con unos niveles de pobreza que impiden a cientos de miles de personas el acceso a una dieta saludable, ¿deben ir las administraciones más allá de las tarjetas monedero y las ayudas de entidades sociales?
Estas son algunas de las ideas detrás de la primera iniciativa en España para promover una prestación universal alimentaria. El informe Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español, presentado este martes, plantea una ayuda de 150 euros al mes para toda la ciudadanía (75 euros para los menores de 25 años dependientes) para costear productos de frescos, de temporada y de proximidad.
La propuesta nace de la cooperativa catalana El Pa Sencer, vinculada a la agricultura ecológica y la economía solidaria, y el estudio económico lo elabora el Seminari d’Economia Crítica Taifa. “El derecho a una alimentación saludable y suficiente debe ser considerado como un elemento político de justicia”, defiende Francisco Navarro, profesor de Economía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores del informe.
