La instrucción judicial por el supuesto vaciamiento patrimonial de las fundaciones Cellex y Mir-Puig, que se alimentaban económicamente del legado del industrial Pere Mir, sigue paralizada en la plaza 12 del Tribunal de Instancia de Barcelona. El caso, sin embargo, coge renovado fuelle en otro juzgado: Jordi Segarra, Juan Francisco Capellas y Josep Tabernero, los tres albaceas de Mir acusados de quedarse con parte del patrimonio de esas dos entidades, han decidido presentar una querella por calumnias e injurias contra el denunciante del presunto vaciamiento de las fundaciones, Àngel Surroca, a quien acusan de efectuar “manifestaciones contrarias al honor” de los tres. El titular del Juzgado de Instrucción número 33 ha admitido la querella y ha citado a declarar a Surroca, y a varios testigos, el próximo 28 de septiembre. La querella se centra en las acusaciones vertidas por Surroca, quien aseguró que las tres personas encargadas de gestionar la herencia del empresario habían “coaccionado con amenazas” a Mir para que modificara el testamento en su favor. El texto de la demanda asegura que hay que distinguir esa acusación con la que se prosigue en la causa principal, centrada en la gestión económica de las fundaciones, pero advierte que si las afirmaciones realizadas por Surroca fueran ciertas, “podrían ser constitutivas de delitos de amenazas y/o coacciones”. Si la demanda llega a juicio es porque el intento de conciliación iniciado en octubre pasado fracasó. Consideran los tres demandantes que su nombre y reputación han quedado “gravemente mancillados” después de que Surroca escribiera una tribuna de opinión que fue publicada en La Vanguardia, en la que detectaron “numerosas difamaciones” tanto contra Mir, fallecido en 2017, como contra los tres albaceas de su legado. A estos últimos les señala en el artículo como personas “poco escrupulosas” que “le engañaron y estafaron [a Mir]”, hasta el punto de encerrarlo “horas en el despacho de su casa (...) y allí a punta de bisturí, le hicieron modificar el testamento y se autonombraron albaceas de su fortuna”. En el caso de Tabernero, la demanda incide en su reputada figura en el campo de la lucha contra el cáncer (es jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron), con reconocimiento internacional, por lo que las acusaciones pueden perjudicarle moral y económicamente. Los tres albaceas tildan de “completamente falso” y explican que el 11 de enero de 2017 efectivamente se formalizó una nueva escritura notarial, pero que fue en el despacho del notario Xavier Roca Ferrer y que el escrito suponía solo un cambio de albacea, a favor de Joan Francesc Capellas. Uno de los testigos citados a declarar es Rogelio Inocencio Talion, un asistente personal de Mir que actualmente reside en Filipinas y que, según el artículo, vivió en directo los hechos y, en cambio, sostuvo ante notario que la versión de Surroca era una “falsedad”. El notario también testificará. En el artículo fuente de la controversia, Surroca subrayaba su papel como “artífice” del Grupo Derivados Forestales, con el que Mir hizo su fortuna. Según la defensa de los tres albaceas, la posición de Surroca en el artículo muestra el “rencor” que tenía respecto al industrial y fundador de las fundaciones Cellex y Mir-Puig, quien dejó de tenerle como estrecho colaborador años antes de su fallecimiento. La Fundación Cellex es una de las principales instituciones de investigación científica en Cataluña, con una inversión de 120 millones de euros en dos décadas. El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona investiga un presunto delito de administración desleal que habría podido conllevar el vaciamiento de 6,2 millones de euros. Actualmente, tanto Cellex como Mir-Puig están intervenidas por la Generalitat.