La Comisi�n Europea acaba de enviar a Espa�a un dictamen motivado por no haber incorporado a su ordenamiento la Directiva de acciones de representaci�n. Casi cuatro a�os de retraso, cuarenta y cuatro pr�rrogas parlamentarias, y Bruselas agotando la paciencia. El debate p�blico se ha centrado en las consecuencias jur�dicas -la posible demanda ante el TJUE, las sanciones econ�micas al Estado- y en las batallas t�cnicas sobre el modelo de adhesi�n o la financiaci�n por terceros. Pero hay una dimensi�n que apenas aparece: lo que este vac�o normativo cuesta ya a las empresas que operan en sectores expuestos.Cuando el marco jur�dico de una reclamaci�n colectiva es incierto y fragmentado, las empresas pierden tiempo. No saben qu� tipo de acci�n enfrentar�n, con qu� alcance, bajo qu� mecanismos de financiaci�n ni con qu� actores al frente. Esa incertidumbre dificulta preparar una respuesta coherente, tambi�n comunicativa. Y en las acciones colectivas, la respuesta comunicativa importa tanto como la defensa procesal, porque el relato se forma antes de que haya hechos probados.Eso es lo que define a este tipo de litigaci�n: la narrativa p�blica no espera a la sentencia. En cuanto una reclamaci�n colectiva toma forma, aunque el marco legal sea todav�a difuso, los medios la encuadran, los reguladores la observan, los inversores la anotan y los consumidores empiezan a reinterpretar su relaci�n con la marca. Las semanas iniciales de una reclamaci�n colectiva suelen ser las de mayor vulnerabilidad reputacional para una empresa: es cuando menos se sabe, cuando m�s se improvisa y cuando el encuadre del caso en la opini�n p�blica empieza a solidificarse.El bloqueo normativo agrava exactamente eso. Una empresa que opera en productos de consumo, en servicios financieros o en sectores con impacto ambiental no puede prepararse correctamente si no puede anticipar en qu� t�rminos se encuadrar� la reclamaci�n, qu� audiencias se movilizar�n, qu� distancia habr� entre lo que se le imputa y el relato que ella misma ha construido durante a�os. Y esa distancia entre el posicionamiento p�blico de una empresa y lo que una acci�n colectiva pone sobre la mesa es precisamente donde se forma el da�o reputacional m�s dif�cil de revertir.Las asociaciones de consumidores, mientras tanto, no se quedan quietas. Fue una asociaci�n de usuarios financieros la que present� la denuncia ante la Comisi�n Europea en diciembre de 2024, desembocando en el dictamen motivado. Los despachos llevan meses explorando v�as para activar mecanismos de litigaci�n colectiva dentro del marco vigente. Los financiadores de litigios siguen evaluando oportunidades. El ecosistema se mueve aunque la ley no avance, y cada movimiento en ese ecosistema es una se�al que las empresas expuestas deber�an estar leyendo.Hay adem�s un factor que conviene no ignorar: la exposici�n no es igual para todos los sectores. Las empresas con mayor base de consumidores, con productos de uso masivo o con historial de reclamaciones previas son las que concentran m�s riesgo de protagonizar una acci�n colectiva de alto perfil. Y son tambi�n las que m�s han invertido en construir una narrativa de confianza, responsabilidad y cercan�a con el cliente. Cuando esa narrativa choca con una reclamaci�n colectiva, la tensi�n es doble: hay que defender la posici�n jur�dica y, al mismo tiempo, gestionar la distancia entre lo que la empresa ha prometido p�blicamente y lo que se le imputa.La estrategia de litigation PR es anticipaci�n: entender, antes de que llegue la reclamaci�n, c�mo se va a contar la historia y qui�n va a contarla. Qu� expectativas creadas por la propia empresa van a quedar en evidencia. C�mo reaccionar�n los inversores institucionales que llevan a�os evaluando criterios ESG. Eso exige un trabajo previo de mapeo de exposici�n por sectores, por tipos de da�o, por actores con capacidad de movilizaci�n, y la construcci�n de una narrativa que pueda sostenerse bajo presi�n prolongada, no solo en los primeros d�as.El marco europeo de acciones colectivas ya existe, lo que Espa�a no tiene todav�a es la ley que lo incorpora formalmente. Pero la ausencia de ley no detiene el riesgo: los operadores jur�dicos est�n encontrando v�as, los financiadores siguen en el mercado, y el entorno europeo, donde la mayor�a de pa�ses ya ha transpuesto la Directiva, seguir� generando precedentes y presi�n. Cuando el r�gimen se consolide, el margen para prepararse habr� cerrado. En litigaci�n colectiva, la estrategia jur�dica resuelve la mitad del problema. La otra mitad tiene nombre propio: reputaci�n.---* Diana Jennen, socia de Geric� Associates.