15/06/2026 a las 08:36h.
En los últimos meses en España han coincidido dos cambios que han hecho aumentar en el debate sobre inmigración: por un lado, el Gobierno puso en marcha una regularización para personas en situación irregular, y por otro, la ley de memoria democrática ha seguido facilitando la nacionalidad a descendientes de españoles en el extranjero, lo que en la práctica puede aumentar el número de personas con derecho a votar o a que se inscriban en el censo.
La regularización masiva de inmigrantes se abrió en abril de 2026 y, según las condiciones anunciadas, se ideó de cara a las personas que llevasen al menos cinco meses en España antes de finales de 2025, que no tuvieran antecedentes graves y que, además, pudieran pedir un permiso de residencia y trabajo temporal.
Quienes defienden esta acción indican que la regularización sirve para mejorar la situación del empleo en el país, de la cotización y a que el Estado pueda controlar mejor la situación. Al mismo tiempo, sus críticos opinan quese haya hecho de forma demasiado amplia y que, al entrar mucha gente en poco tiempo, el sistema administrativo y los servicios públicos se vean más tensionados o colapsados, algo que ocurrió en algunas comunidades.
