Los datos objetivos importan cada vez menos en el debate público. En abril, España ha alcanzado los 22,1 millones de afiliados, un nuevo récord. El paro ha caído de nuevo. La inmigración explica buena parte del crecimiento de la economía que lleva a esos datos. La regularización extraordinaria, que tiene el apoyo no solo del Gobierno y de toda la izquierda, sino también de los empresarios, que son los que más la reclaman porque necesitan mano de obra legal, y de la propia Iglesia, está resultando como se esperaba: se están apuntando decenas de miles de personas que ya viven y trabajan en España, por lo que solo generará beneficios para ellos y para el sistema, porque implicará más ingresos. El Ejecutivo confía en que la próxima visita del Papa a España sirva también para darle un impulso al discurso en positivo sobre la inmigración.Y sin embargo, pese a los apoyos y todos los esfuerzos de explicación, al éxito del propio proceso, y a los datos objetivos que lo avalan, la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER cayó como un mazazo en La Moncloa. Hasta un 60% cree que hay demasiados inmigrantes, el 50% cree que complicará el acceso a la vivienda y un 40% se ha creído el bulo de que la regularización dará la nacionalidad a los extranjeros. ¿Qué está pasando? Diversas fuentes del Ejecutivo al máximo nivel tienen una explicación clara que se ha analizado con expertos dentro de La Moncloa: la intoxicación en las redes sociales. El Gobierno intenta hacer un esfuerzo con mensajes positivos, pero son como una gota en un océano de mensajes demoledores antiinmigrantes, llenos de odio, de bulos, de datos falsos e historias inventadas. En La Moncloa, donde tiene un equipo especializado en análisis de redes, han detectado una desaforada actividad de los grupos ultraderechistas antiinmigración. También están impactados en el ministerio de Inclusión, principal responsable de la regularización. “Nunca habíamos visto una acción tan coordinada”, señalan fuentes del Ejecutivo. Si hasta ahora, en momentos de muchísima actividad de los propagadores de discursos antiinmigración como el año pasado, con los incidentes de Torre Pacheco, se habían detectado hasta 2.000 de las llamadas “redes de amplificación”, esto es cuentas que se dedican a fabricar mensajes y multiplicarlos, esta vez se encontraron hasta 12.000, según estas fuentes. Y además, la cuestión llegó a amplificadores de otros países, porque la regularización española generó mucha reacción también en grupos ultraderechistas europeos. El Gobierno español está denunciado todos estos movimientos en Bruselas, a través de la DSA (ley de servicios digitales) pero las instituciones de control pueden tardar meses en tomar decisiones.El Gobierno está haciendo esfuerzos de información, especialmente con campañas en redes, y confía en que con el tiempo los ciudadanos acabarán viendo que la regularización no provoca más que efectos positivos. Eso es lo que piensan en Inclusión, donde creen que habrá que esperar para lograr convencer. Pero la frustración en el Ejecutivo es importante porque en cuestiones complejas como esta, triunfa el discurso de odio. Aun así, en el Gobierno siguen creyendo que Sánchez, que es prácticamente el único presidente europeo que tiene un discurso en positivo sobre la inmigración y toma decisiones contracorriente como la regularización, logrará poco a poco imponer su relato cuando se vean los resultados, pero de momento la sensación instalada en el Ejecutivo es la de enfrentarse a una montaña enorme de intoxicación con armas pequeñas.Esta sensación de impotencia, de no ser capaces de dirigir el debate público hacia su gestión pese a tener datos económicos positivos, también se ha vivido en el Gobierno y en el PSOE en estas dos semanas de juicios simultáneos del caso Kitchen, que afecta al PP, y el caso mascarillas, que toca de lleno al Ejecutivo porque lo protagoniza un exministro clave como José Luis Ábalos. “Llevamos ocho años en el Gobierno, la oposición nos dice que estamos en una dictadura, y no hay más que ver los dos juicios y el tratamiento de uno y otro para darse cuenta de que no controlamos nada. Siempre nos dicen que la fiscalía obedece a Sánchez, y no hay más que ver el comportamiento del fiscal anticorrupción y el juez, que dejaron que un corrupto como Aldama acusara sin pruebas al presidente del Gobierno de ser el jefe de una trama mafiosa sin rechistar”, se enfada un ministro. En los foros del Ejecutivo y del PSOE especulan con la idea de que Alejandro Luzón se está acercando al PP para ser el próximo fiscal general si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa. Obviamente nadie puede probar una suposición así, pero su actitud en el juicio ha molestado mucho al Ejecutivo. Por si fuera poco, a esa sensación de impotencia se sumó el hecho de que ningún escolta impidiera que el agitador ultra Vito Quiles acosara a la esposa del presidente en un bar en Las Rozas, donde estaba con sus amigas. La seguridad se va a reforzar, pero el enfado en sectores socialistas con Interior y en particular con el ministro, Fernando Grande-Marlaska, es creciente. “Ocho años en el Gobierno y da la sensación de que no controlamos nada”, se lamenta un miembro del Ejecutivo. Todo indica que esta semana la mesa del Congreso procederá a una expulsión temporal de Quiles por incumplir el reglamento que hubo que cambiar precisamente para intentar frenar sus abusos, pero la sensación de fragilidad del Ejecutivo se ha instalado de forma estable. Diversos dirigentes consultados creen que cuando se acerquen las elecciones generales la tensión será mucho mayor, por lo que se avecina un año aún más tormentoso.Y toda esta sensación de impotencia frente a la ofensiva en redes y también en otros sectores llega en un momento en que la economía española, a pesar de la crisis de la guerra de Irán, está tirando fuerte. Basta comparar con Alemania, la gran locomotora europea, para ver las diferencias. Mientras el Gobierno alemán prepara un ajuste de 16.000 millones en sanidad para aumentar el gasto en defensa, en el Ministerio de Hacienda español no trabajan con ningún recorte para el próximo Presupuesto, que está prácticamente listo por si Sánchez decide finalmente presentarlo, algo que aún no es seguro pero sí cada vez más probable, si no el de 2026, al menos el de 2027. Mientras Alemania está estancada, España lleva cinco años como líder del crecimiento de las grandes economías europeas. Sánchez ha decidido además no pasar del 2% del gasto en defensa, lo que permite blindar el gasto social. En condiciones normales, esto daría cierto margen a un Gobierno para liderar el debate político y reivindicar su gestión. Pero no parece conseguirlo, y los debates públicos van por otros caminos mientras las encuestas son muy negativas para la izquierda en Andalucía. La batalla final aún parece lejana —Sánchez insiste en que acabará la legislatura en 2027— pero el Ejecutivo ya sabe que tiene que equilibrar el campo de juego, especialmente en las redes, si quiere tener alguna posibilidad de recuperar el terreno perdido.