Jueces, fiscales, abogados y policías convertidos en auténticos protagonistas de la vida pública. Está pasando. La acreditada sinergia entre togados y periodistas para la filtración de sumarios —bajo secreto o no— y actas judiciales copan las principales portadas mientras el Gobierno se desespera ante una sucesión de noticias adversas que a diario caen como auténticas bombas de racimo en La Moncloa. Cuando no es una derivada del comando Leire Díez, es un nuevo auto sobre la investigación de Zapatero, una nueva imputación o un informe de la Guardia Civil.
La mini tregua política y judicial por la visita del Papa ha terminado. De hecho, no había puesto aún León XIV, el pasado viernes, un pie en el avión pontificio de regreso al Vaticano, cuando una tromba de decisiones judiciales, titulares, citaciones y comparecencias retumbaba de nuevo en las paredes de La Moncloa. Una tras otra: que si el juez del caso Plus Ultra abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho; que si el informe pericial sobre cada una de las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno ha valorado la colección en 1.323.915 euros; que si el PP llama a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado por las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez; que si la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone de nuevo archivar las quejas de Bolaños contra Peinado…
