La memoria pública es de pez, y lo que para muchos ha resultado un sorprendente estallido de violencia en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, esta semana, para los que llevan años monitoreando las actividades de la extrema derecha en el Reino Unido ha sido el inicio del tercer verano consecutivo en llamas.En 2024, nada más entrar Keir Starmer por la puerta de Downing Street, sede del Gobierno británico, el asesinato de tres niñas en Southport a manos de un menor británico de ascendencia ruandesa fue el detonante de protestas extremas por todo el país. El objetivo, siempre el mismo: los hoteles donde se alojan los solicitantes de asilo. En 2025, la liberación errónea en Epping de un refugiado culpable de acosar sexualmente a una mujer y a una niña hizo saltar de nuevo la chispa: se organizaron 251 protestas en 71 lugares diferentes. “La primera vez que vimos disturbios como estos fue en el verano de 2024, y luego de nuevo en 2025 en Ballymena [dos menores rumanos fueron acusados, y luego absueltos, de violar a una menor]. Pero aquellos primeros provocaron ataques contra negocios o restaurantes de gente de minorías étnicas. Y, aunque fue algo malo, ahora ha sido mucho peor, porque el objetivo han sido las viviendas de familias con menores”, señala Twasul Mohammed, directora de la sección de Derechos Humanos de la organización Participación y Práctica de Derechos, en Belfast. “Ahora estamos algo más preparados, como comunidad, que en 2024. Aunque hemos pedido ayuda a la policía y al departamento de Vivienda para conseguir mejores residencias, no nos ha quedado más remedio que organizarnos mejor como comunidad”, explica.En los últimos días, Mohammed ha tenido que buscar alojamiento en Irlanda del Norte para 200 familias afectadas por los disturbios.La última encuesta realizada por IPSOS en mayo señala que para el 41% de los británicos la inmigración —que muchos ciudadanos identifican exclusivamente con la inmigración irregular— es el problema más importante al que se enfrentan, por delante de la economía (34%) o el deterioro de la sanidad pública (22%).Un desasosiego que no casa con las cifras. Resulta difícil estimar la cifra total de inmigrantes irregulares en el Reino Unido, pero el Pew Research Centre calcula, por ejemplo, que hay entre 700.000 y 900.000 (es decir, alrededor del 1% de la población total). El Migration Observatory de la Universidad de Oxford señala que en el último año han llegado al país unas 36.000 personas en pequeñas embarcaciones que cruzaron el canal de la Mancha.Grupos organizados de extrema derecha, como el liderado por Tommy Robinson, Unite the Kingdom, aprovechan los miedos de las comunidades locales, ante crímenes abominables como el reciente acuchillamiento de Belfast o el asesinato del joven Henry Nowak en Southampton días atrás, para promover un doble discurso que reclama el fin de la llegada de inmigrantes y acusa a la policía de favorecer a las minorías étnicas frente a la población blanca.El partido de Nigel Farage, Reform UK, ha hecho de la inmigración su principal batalla, y en los últimos meses ha endurecido el discurso ante la irrupción de un rival, Restore Britain, el partido fundado por el disidente Rupert Lowe, apoyado por el billonario estadounidense Elon Musk y que amenaza con fragmentar, desde posiciones más extremas, el voto de la ultraderecha.El Partido Conservador ya dio el giro en anteriores gobiernos hacia esas posiciones con su política de deportaciones a Ruanda o su amenaza de sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, el escudo legal que impide a los tribunales británicos, según ellos, la expulsión de los inmigrantes.Lo preocupante para organizaciones humanitarias o para muchos diputados y miembros del Partido Laborista es la tibieza adoptada por el primer ministro actual, el laborista Keir Starmer. El mandatario ha prometido mano dura con la inmigración irregular; se muestra como el más horrorizado de todos ante cada uno de los crímenes que han provocado los disturbios; aplaude (aunque luego se diera cuenta del error y rectificara) la campaña etnonacionalista que ha inundado el país de banderas de Inglaterra con la cruz de San Jorge; y permite a sus ministros poner en duda las recomendaciones internas de la policía para reducir comportamientos racistas ante el clamor desatado por el caso Nowak, en el que unos agentes trataron al joven moribundo como agresor, y no como víctima, en los primeros minutos de su intervención.“El odio se alimenta cuando los que están en el poder permanecen callados. Le pido, por favor, que se pronuncie con urgencia en defensa de nuestra comunidad de migrantes y de nuestra sociedad multicultural. Es obligatorio que todos empujemos contra este resurgir del racismo, porque el silencio envalentona a nuestros enemigos”, escribía a Starmer Nick Lowles, director del centro de análisis sobre extremismos Hope Not Hate en septiembre pasado, cuando Robinson sacó a las calles de Londres a 150.000 personas. A su petición se sumaron diputados laboristas como Louise Haigh, Alison McGovern, Bell Ribeiro-Addy o Stella Creasy, que temían que el Gobierno de Starmer no había hecho lo suficiente por contrarrestar la amenaza y se había mostrado condescendiente con el relato hostil hacia la inmigración.Los ataques dirigidos contra el propio Starmer por parte de Elon Musk, o sus proclamas en la red social X, de su propiedad, para animar las protestas, se han encontrado con un primer ministro incapaz incluso de acusarle por su nombre, y que tan solo protesta genéricamente ante “quienes buscan interferir en la política británica”.En septiembre de 2023, durante el último año de gobiernos conservadores, el número de solicitantes de asilo acogidos en 400 hoteles de todo el país por el Gobierno del Reino Unido llegó a su pico máximo de 56.000. En marzo de 2026, según datos del Ministerio del Interior, la cifra se había reducido a poco más de 20.000 refugiados en esos hoteles (del total de 100.000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales residen en viviendas particulares).Desde que Starmer llegó a Downing Street en julio de 2024, más de 70.000 inmigrantes irregulares han sido deportados a sus países de origen, 10.000 de ellos tras la comisión de delitos en territorio británico.Pero, pese al descenso de las cifras, el lenguaje de la extrema derecha se ha inflamado. La retórica que hoy inunda las redes sociales o que utilizan los partidos políticos más extremos como Reform UK hubiera sido impensable hace una década. Farage ha prometido la detención y deportación inmediata de cientos de miles de inmigrantes, y acabar de un plumazo con los permisos indefinidos de residencia. Y, aun así, el político populista que más división ha generado en la última década en el Reino Unido es visto ahora por Musk y otros extremistas como demasiado tibio frente a la amenaza que proclaman de una cercana guerra civil en territorio británico.