Los contratos de adjudicación con los que se gestiona la conservación de 992 kilómetros de autovías de primera generación (A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4) finalizan en diciembre. Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2027, el Gobierno de España recuperará su gestión directa de una suma de segmentos que representan el 9,5 % de la red estatal libre de peaje y pasarán a depender exclusivamente de la financiación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por el momento, estos tramos están siendo gestionados con el modelo de concesión de "peaje en sombra", es decir, el usuario no paga directamente por circular por la vía, sino que es la Administración la que compensa económicamente a la empresa concesionaria en función del volumen de tráfico que registra la carretera.¿Qué impacto económico supondrá para el Estado dejar de pagar el peaje en sombra?El Gobierno deberá asumir ahora el coste directo de conservación de estos 993 kilómetros, lo que supondrá una partida anual en los PGE que rondará los 79,4 millones de euros, según estima la patronal Seopan.Sin embargo, la extinción de estos contratos de concesión permitirá al Ministerio de Transportes un ahorro presupuestario superior a los 200 millones de euros anuales al dejar de abonar los "peajes" que suponen unos corredores estratégicos que soportan un 25% más de tráfico que el promedio de las autovías libres y un volumen de tráfico pesado también muy superior. En estos 20 años de vigencia de los contratos, las concesionarias (entre las que se encuentran Sacyr, Abertis y ACS) han movilizado inversiones por valor de 2.504 millones de euros para la puesta a punto y reposición de estas vías.Posible subrrogación de 500 empleadosUno de los puntos clave en la negociación del traspaso es el futuro de la plantilla de unos 500 trabajadores que actualmente se encargan de la conservación y explotación de estas vías. El Gobierno y las empresas deberán abordar la posible subrogación de este personal para garantizar que no se interrumpan los servicios esenciales de mantenimiento cuando el Estado recupere la gestión directa.Seopan ha destacado que, bajo el modelo de concesión, estas autovías han registrado niveles de calidad del firme y de seguridad vial superiores a la media de la red estatal, siendo los índices de peligrosidad y mortalidad significativamente inferiores. Por ello, el reto de la Administración será mantener estos estándares de eficiencia y seguridad una vez que la gestión pase a ser íntegramente pública, posiblemente mediante la licitación de nuevos contratos de conservación.