Los programas públicos destinados a la digitalización e infraestructuras de telecomunicaciones en España, financiados por los fondos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), registran retrasos operativos y administrativos que comprometen la ejecución del presupuesto ante el límite temporal de 30 de junio de 2026 (aunque algunos se pueden ejecutar hasta el 31 de agosto) fijado por la Comisión Europea. Las incidencias afectan a los planes de infraestructuras rurales (Programas ÚNICO) y a las ayudas gestionadas por la entidad pública Red.es (Kit Digital), sumando más de 1.100 millones de euros en fondos paralizados o en riesgo de reintegro, según cálculos del sector.Por el momento, no se conoce el grado de ejecución de los programas afectados (UNICO Banda Ancha, UNICO Backhaul, UNICO 5G Redes Activas y UNICO Demanda Rural) porque no hay cifras oficiales. A este respecto, fuentes del Ministerio de Transformación Digital consultadas por este diario señalaron que el departamento aún no ha realizado el balance definitivo sobre la ejecución de los planes de telecomunicaciones financiados con fondos europeos.Pero algunos operadores ya han dado la voz de alarma. Avatel, quinto operador del mercado español, registró en sus estados financieros una provisión de 164,5 millones de euros ante el riesgo de verse obligada a devolver las subvenciones recibidas más los intereses de demora. Esta cifra representa el 54,8% de los 300 millones de euros en ayudas que la compañía obtuvo entre 2022 y 2025 para desplegar redes en zonas de baja densidad de población. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ya inició expedientes de reintegro sobre esta compañía por valor de 41,9 millones de euros, clasificados como obligaciones de pago a corto plazo.La compañía, una de las mayores beneficiarias de las ayudas, achaca los retrasos en el despliegue de redes terrestres a la demora en la obtención de permisos de construcción, licencias municipales y declaraciones de impacto ambiental por parte de las administraciones locales y autonómicas, cuya tramitación media supera el año de duración. El sector privado añade el encarecimiento global de materias primas, como el cable de fibra óptica, y la escasez de mano de obra cualificada en las zonas rurales. Pese a la prórroga regulatoria concedida por el Gobierno central hasta el pasado mes de mayo, las constructoras adjudicatarias no completaron las obras civiles exigidas.Esta situación de incumplimiento afecta al programa ÚNICO 5G Redes Backhaul, diseñado para conectar mediante fibra óptica las torres de telefonía móvil en municipios de menos de 5.000 habitantes. La parálisis en las canalizaciones terrestres retrasó el Plan Nacional 5G, que contemplaba dotar de cobertura de quinta generación al 75% de la población rural antes del cierre de 2025. Las estimaciones de las asociaciones tecnológicas del sector posponen la implantación definitiva de esta tecnología en el ámbito rural hasta el año 2028.El programa ÚNICO Banda Ancha nació con una dotación de casi 3.000 millones de euros con el objetivo de llevar fibra óptica a núcleos poblacionales de difícil acceso. El Gobierno priorizó en las licitaciones a operadores con elevados compromisos de inversión pero menor trayectoria de ejecución, como Avatel o Lyntia Networks. Esta última firma, operador neutro de telecomunicaciones, procedió previamente a la devolución de 142 millones de euros asignados al no consolidar un modelo de negocio con base de clientes suficiente para soportar los proyectos.Por su parte, el programa ÚNICO Demanda Rural, adjudicado a Hispasat con un presupuesto inicial de 76,3 millones de euros para proveer conexión satelital de 100 Mbps a un precio regulado de 35 euros mensuales, certificó la devolución formal de 22 millones de euros al Tesoro Público. El plan cerró su periodo de captación con un registro de 11.500 altas reales de usuarios, cifra que equivale al 14,3% de las 80.000 conexiones inicialmente proyectadas por el Ministerio.Ante la imposibilidad de ejecutar los remanentes financieros de los planes ÚNICO antes del vencimiento del mecanismo europeo a finales de junio (prorrogables hasta el 31 de agosto en algunos casos), el Ministerio de Transformación Digital inició los trámites administrativos para desviar dichos fondos hacia sectores con mayor capacidad de absorción y menor dependencia de licencias de obra civil, específicamente programas de ciberseguridad nacional, inteligencia artificial y proyectos de microelectrónica.Kit Digital y bono socialPor su parte, aunque el Kit Digital es uno de los programas Next Generation con mayor grado de ejecución (con unos 3.067 millones de euros de presupuesto prácticamente comprometidos), presenta problemas relevantes en los pagos a las empresas. El informe del Tribunal de Cuentas sobre Red.es señala que, de un total gestionado de 4.345 millones, solo se habían abonado 1.016 millones, es decir, alrededor del 25% en pagos efectivos. No es un problema de falta de ejecución —porque la mayoría de las ayudas están concedidas y en marcha—, sino de retrasos administrativos en la validación y el pago, con unos 2.200 millones de euros todavía pendientes de abono a los agentes digitalizadores.Este retraso provocó tensiones de liquidez en las empresas y autónomos encargados de implantar las soluciones de software y equipos. Bajo las reglas de la convocatoria, los digitalizadores ejecutan los trabajos sin recibir anticipos, acumulando periodos de espera de entre 6 y 12 meses para el cobro de las facturas emitidas tras la validación de Red.es. El sector recurrió a líneas de crédito comerciales para financiar los costes laborales y el IVA de los proyectos. Ante este escenario, el Consejo de Ministros aprobó una modificación regulatoria de urgencia que suprime la fecha límite fija establecida para las convocatorias del Kit Digital y establece un sistema de “ventanilla abierta” continua. Las ayudas remanentes se otorgarán por estricto orden de llegada hasta el agotamiento total de los fondos disponibles, con el fin de evitar la obligación legal de reintegrar los capitales no distribuidos a las autoridades de la Unión Europea.Respecto a las líneas de ayuda social, el plan original contemplaba una asignación de 30 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU para distribuir 125.000 bonos de conectividad, destinados a financiar un descuento de 20 euros al mes en las facturas de internet de familias vulnerables. El Ministerio competente transfirió la gestión económica y la tramitación de los expedientes directamente a los gobiernos de las comunidades autónomas.La ejecución de este programa de bonos sociales para Internet registró retrasos debido a la complejidad en los procesos autonómicos de validación de los requisitos de vulnerabilidad de los solicitantes, lo que requirió sucesivas prórrogas de las convocatorias para evitar la devolución de los fondos a las autoridades europeas.