El ex presidente Jos� Luis Rodr�guez Zapatero se enfrenta desde ayer a una nueva imputaci�n judicial por los delitos de fraude fiscal y contrabando derivado del bot�n de joyas atesorado, que no fue declarado a la Agencia Tributaria. A contrarreloj para evitar una regularizaci�n fiscal, el juez de la Audiencia Nacional Jos� Luis Calama acord� ayer abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al ex secretario general del PSOE tras tasar de forma preliminar la casa de subastas Ansorena, en colaboraci�n con el Instituto Gemol�gico Espa�ol, en 1.323.915 euros las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz, en Madrid.Las imputaciones por los delitos contra la Hacienda P�blica y de contrabando se suman a los de tr�fico de influencias y blanqueo de capitales que pesan sobre el ex presidente por el rescate de la aerol�nea Plus Ultra.Fuentes de la investigaci�n consultadas por EL MUNDO, explican que el magistrado Calama decidi� ayer incoar sin mayor demora la causa por fraude fiscal -tambi�n a�adi� el delito de contrabando- para enterrar la posibilidad de que la defensa de Zapatero hiciese una regularizaci�n expr�s ante la Agencia Tributaria del bot�n de las joyas (esmeraldas, brillantes o zafiros de Zambia y Tailandia) y obtuviese a cambio una exenci�n de la responsabilidad penal.El art�culo 305 del C�digo Penal establece que "se considerar� regularizada la situaci�n tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administraci�n Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobaci�n o investigaci�n tendentes a la determinaci�n de las deudas tributarias objeto de la regularizaci�n o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administraci�n auton�mica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu�l dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci�n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci�n de diligencias". Una vez incoado el proceso penal, el ex presidente del Gobierno puede regularizar ante Hacienda pero ya no lograr� una eximente sino tan s�lo una mera atenuante del delito.En el auto dictado ayer, Calama indica que, una vez recibida la tasaci�n preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque "otros datos anal�ticos de inter�s", la posesi�n de bienes de lujo de elevado valor por parte de Zapatero, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre la adquisici�n de esas joyas, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudaci�n tributaria relevante, en tanto que la adquisici�n de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, seg�n la naturaleza del negocio jur�dico".Para el magistrado, la posible falta de acreditaci�n sobre la adquisici�n de las joyas podr�a facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Rodr�guez Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, el magistrado a�ade que la inexistencia de declaraci�n o pago de cualquiera de estos tributos "permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral de los 120.000 euros" del fraude fiscal.Adem�s, Calama argumenta que la actuaci�n de Zapatero tambi�n podr�a encajar en un delito de contrabando -en relaci�n con los art�culos 2 y 3 de la Ley Org�nica de Represi�n del Contrabando- "en la medida en que la introducci�n, tenencia o circulaci�n en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditaci�n del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importaci�n, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Uni�n Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".El magistrado a�ade, que la ausencia de documentaci�n aduanera, de facturas de importaci�n o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en Espa�a al margen de los procedimientos de control aduanero, "superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal".El instructor recalca, adem�s, que Zapatero dispone de la ocasi�n de ofrecer las explicaciones que estime pertinentes, y aportar la documentaci�n "que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesi�n de los efectos intervenidos", en su pr�xima comparecencia judicial.El auto se�ala que la aparici�n de estos hechos aut�nomos de la pieza principal, que se sigue por delitos de tr�fico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organizaci�n criminal, entre otros, exige tramitarlos en una pieza separada en l�nea con la jurisprudencia del Supremo para evitar la innecesaria complejidad y la denominada "elefantiasis procesal" que el legislador ha querido corregir.Para el juez existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigaci�n aut�noma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.El instructor de la Audiencia Nacional considera que los hechos relativos a la intervenci�n de las joyas presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal, pues estos hechos, "inicial e indiciariamente", aparecer�an vinculados �nicamente a Zapatero. Por todo ello, incorpora en esta causa la documentaci�n y efectos intervenidos y puso en conocimiento del investigado de esta nueva imputaci�n con el fin de pueda ejercer el derecho de defensa.En el auto, el magistrado acord� ayer comunicar la imputaci�n a la defensa del ex presidente del Gobierno, ejercida por el abogado V�ctor Moreno Catena, para que pueda tomar conocimiento de los hechos y ejercer su derecho de defensa los pr�ximos 17 y 18 de junio, cuando est� citado en el juzgado a declarar como imputado.