Existe una categoría de análisis para la que el lenguaje político habitual resulta insuficiente. Se trata de los Estados que abandonaron la producción como principio organizador y han adoptado el crimen como modelo de negocio. Corea del Norte no es el único país con actividades ilícitas, ni el único régimen que evade sanciones. Esto es algo cualitativamente distinto, el primer Estado en la historia moderna cuya fuente principal de divisas es el robo sistemático, institucionalizado y ejecutado con los instrumentos del poder soberano.
La arquitectura es coherente. La Oficina 39 del Comité Central del Partido de los Trabajadores es el organismo gubernamental encargado de mantener el fondo de divisas del líder, supervisando actividades que van desde la falsificación de moneda hasta la producción de drogas, controlando en 2010 más de 100 empresas comerciales y bancos en diecisiete sucursales en el exterior, con activos estimados en $5.000 millones de dólares distribuidos en Macao, Hong Kong y Europa. Y esto es el Estado mismo operando como empresa criminal.
El inventario de actividades es amplio y antiguo. Las actividades ilícitas documentadas incluyen producción y tráfico de narcóticos, falsificación de moneda y bienes de consumo, tráfico de armas, tráfico humano, tráfico de vida silvestre y contrabando de minerales de conflicto.  Durante décadas, el régimen operó plantaciones de amapola a escala nacional, con instrucciones directas de Kim Il Sung para cultivar opio en 1991 tras el corte de subsidios soviéticos, llegando a producir estimativamente una tonelada mensual de heroína y una tonelada de metanfetamina para exportación. La respuesta al surgimiento del mercado asiático de estimulantes fue inmediata y Pyongyang reorientó capacidad industrial hacia la producción de metanfetamina de alta pureza. Según analistas especializados, el régimen también produce grandes cantidades de Viagra falsificado, fentanilo y otros narcóticos sintéticos que circulan en mercados de América del Norte. 
