Todos los problemas de Alberto González Amador con la justicia se congregan ya en un espacio donde el tiempo discurre con lentitud. Al colapso administrativo que retrasará el juicio por fraude fiscal y falsificación hasta 2027 –después de las próximas elecciones autonómicas– se suma ahora la primera decisión relevante del juez que debe investigarle por corrupción en los negocios: el magistrado Antonio Viejo no autoriza a practicar dos de las tres diligencias que le solicitó la UCO para esclarecer los delitos más graves que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos corrupción en los negocios.
Viejo ha tardado seis meses en adoptar la decisión y lo ha hecho tres días después de que elDiario.es desvelara una reunión en su despacho el pasado 30 de abril en el que el fiscal y los agentes de la UCO le apremiaron a adoptar una decisión sobre el requerimiento formulado en diciembre pasado, tras habérselo requerido por escrito en varias ocasiones. El magistrado les respondió que resolvería en unos días. Finalmente ha tardado 41.
La jubilación de Inmaculada Iglesias y su marcha del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desató el pasado verano las especulaciones sobre cómo podía afectar el cambio de instructor a la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi un año después, las dudas se han despejado.
