El juez Antonio Viejo quiere determinar la posible responsabilidad de Fernando Camino, uno de los hombres más poderosos del grupo Quirónsalud en la investigación por presunto soborno que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes conocedoras de la investigación explican que el juez estaba pensando en Camino, y no en Ayuso, cuando incluyó la expresión “el entorno cercano” de los investigados en el auto de este miércoles por el que daba luz verde a la Guardia Civil para rastrear las cuentas bancarias de Amador y la otra imputada, la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón. Viejo ha pedido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria que tengan desde el 1 de enero de 2014 relativa a Amador y Carrasco, así como las sociedades de ambos. Del mismo modo, incluyó una expresión llamativa en el auto al decir que el objeto de esta diligencia es “construir, de manera preliminar, el catálogo real de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida”.La investigación concierne a la compra por 500.000 euros que hizo Amador en diciembre de 2020 de una empresa de estética con escaso valor contable propiedad de Carrasco. La Fiscalía y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid sospechan que era un pago encubierto a Camino. Meses antes, Amador se había embolsado dos millones de euros por intermediar en una compraventa de mascarillas en la que una de las dos partes era la empresa gallega Mape, donde Camino era consejero.Camino no ha estado imputado en esta investigación que arrancó en marzo de 2025 como un asunto derivado de la pieza principal, el posible fraude fiscal de 350.910 euros cometido por Amador. La información sobre la compraventa de la empresa de estética figuraba en el expediente de Hacienda que originó el caso. Se investigan dos posibles delitos, administración desleal (perjuicio patrimonial a una propia empresa) y corrupción en los negocios (soborno empresarial).La investigación ha puesto en una posición incómoda a Quirónsalud, el gigante hospitalario español. La matriz alemana, Fresenius, está siguiendo atentamente la evolución del caso. Su código ético prohíbe a los directivos hacer negocios con los proveedores, como es el caso de Amador, pero Camino ha seguido en el cargo. Él se sienta con otros seis directivos en el consejo de dirección de Quirónsalud, liderado por el poderoso CEO Víctor Madera, Es presidente y director de Quironprevención, la filial de prevención de riesgos laborales, y tiene a sus órdenes a más de 7.000 empleados.La magistrada que llevaba el caso antes que Viejo, Inmaculada Iglesias, pidió a la UCO que participara en la investigación. Iglesias hizo esa petición el 27 de junio de 2025, “atendiendo a la complejidad” de los hechos y “al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”. La jueza se jubiló dos meses después, en agosto. A partir de octubre, el magistrado Viejo la relevó en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.La Guardia Civil precisaba de la autorización del juez para rastrear cuentas bancarias porque se trata de una medida “invasiva de la privacidad” de los investigados, en este caso de Amador y de Carrasco. Por ello, los agentes trasladaron su petición al instructor el 19 de diciembre de 2025. La espera, de casi seis meses, había provocado las quejas de la oposición política madrileña, que a su vez forman parte de la causa como acusación popular. La defensa de González Amador presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que pedía que no se autorizara a la UCO a analizar su información bancaria. El órgano superior desestimó la petición el pasado 9 de abril.Relaciones desde 2014La petición del juez de rastrear movimientos hasta 2014 puede deberse a que la relación entre Amador y Camino se remonta a más de una década. Amador se ha dedicado a auditar certificados ISO para Quirónprevención y para otra compañía que dirigía antes Camino, la Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa, conocida coloquialmente como La Frater. Además, ambos eran directivos de una sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico S.A.La empresa que compró Amador a la farmacéutica Carrasco se llamaba Círculo de Belleza. Esta empresa, creada en 2008, ni siquiera tenía un local propio. Compartía sede con la farmacia de la que era titular Carrasco, en el municipio de La Pola de Gordon (León). Tres meses antes de la compraventa, en septiembre de 2020, la empresa estaba participada por el propio Camino y un hermano de Carrasco, pero la farmacéutica les compró esas acciones, el 40% del total, y se hizo con todo el capital. Carrasco pagó solo 16.000 euros a sus dos familiares en un movimiento que también ha levantado sospechas porque tras esto vendió la compañía por 500.000 euros.Amador y Carrasco ya han declarado como investigados y han defendido su inocencia. Amador argumentó en abril del año pasado que el valor de Círculo de Belleza residía en los contactos de Carrasco con cientos de farmacias por toda España, y que su idea era aprovechar esa red para un proyecto llamado “Covid Seguro”, que iba a consistir en ofrecer un certificado de calidad a esas boticas. Sin embargo, nunca lo llevó a cabo. Le cambió el nombre por Masterman & Whitaker y lo dedicó a su actividad usual de auditoría de calidad. Carrasco dijo en junio del año pasado que la compraventa era correcta y “razonable” y que esta se produjo tras la propuesta de Amador.¿Tiene algo que contar? Escriba a los autores a mviejo@elpais.es y fpeinado@elpais.es