El juez Antonio Viejo ha pedido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria que tengan desde 2014 de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El instructor ha acordado esta diligencia seis meses después de que así lo reclamaran los agentes del instituto armado. Este es uno de los frentes judiciales que tiene abiertos Amador. Por un lado, se le juzgará por un fraude fiscal de 350.000 euros. Y, por otro, esta causa, que investiga un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo del grupo sanitario Quirón. El auto de Viejo, de siete páginas, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS, responde a una petición que hizo la UCO el 19 de diciembre, donde solicitaban investigar tres ámbitos. Uno, las cuentas bancarias de Amador. Dos, la información tributaria. Y tres, la información laboral de la Seguridad Social. El juez, por ahora, ha considerado “prioritario” el relativo a la información bancaria. “Sin perjuicio de que en adelante se considere procedente extender el examen a los otros dos ámbitos”, dice el auto. El escrito autoriza tanto a indagar las cuentas bancarias personales como las de sus empresas. ¿Por qué solicita las cuentas bancarias desde 2014 y no antes o después? Porque la UCO sitúa en estas fechas el origen de las relaciones jurídicas entre ambos.Según explica también el magistrado, con esta decisión tiene por objeto “construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación”. Los investigados a los que se refiere el magistrado son Amador, la pareja de Ayuso; y Gloria Carrasco, farmacéutica y esposa de Fernando Camino, el presidente, director general de Quirónprevención y, a su vez, jefe de Amador. ¿Qué se investiga en esta segunda causa abierta a la pareja de Ayuso? Los hechos se remontan a diciembre de 2020, cuando Amador compró a la farmacéutica Carrasco por 500.000 euros un negocio de estética en León sin apenas valor contable. La Fiscalía sospecha que ese pago era la devolución de un favor, en concreto, la participación que había tenido meses antes como intermediario en una voluminosa compraventa de mascarillas donde el ejecutivo de Quirón y esposo de Carrasco, Fernando Camino, pertenecía al equipo de la parte compradora, la empresa gallega Mape. Amador ingresó una comisión de dos millones de euros por una rápida intervención.La participación de la UCO fue solicitada por la magistrada que llevaba el caso antes que Viejo, Inmaculada Iglesias. Iglesias hizo esa petición el 27 de junio de 2025, “atendiendo a la complejidad” de los hechos y “al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”. Iglesias se jubiló dos meses después, en agosto. Y es entonces cuando, a partir de octubre, el magistrado Viejo la releva en el juzgado 19 de instrucción de Madrid.La UCO precisaba de la autorización del juez porque son medidas “invasivas de la privacidad”, en este caso de Amador y de Carrasco, los investigados. Los agentes solicitaron esta orden al juez el 19 de diciembre de 2025. La espera, de casi seis meses, había provocado las quejas de la oposición política madrileña, que a su vez forman parte de la causa como acusación popular. La defensa de Amador presentó un recurso ante la Audiencia Provincial durante este tiempo donde pedía que no se autorizara a la UCO esta decisión. Este escrito fue desestimado el pasado 9 de abril.