Los expertos en delitos complejos de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), esperan desde las Navidades la luz verde del juez para investigar a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes judiciales con conocimiento directo del caso, que precisan que seis meses después sigue sin haber novedades a pesar del malestar creciente por la demora. La investigación se refiere a un posible soborno del empresario Alberto González Amador a un ejecutivo del grupo Quirónsalud que contrataba sus servicios y se ha paralizado desde que este magistrado, el veterano Antonio Viejo, tomó las riendas en octubre, en sustitución de la compañera que se encargó del caso hasta su jubilación, María Inmaculada Iglesias. El caso ha marcado la agenda política madrileña desde marzo de 2024, cuando salieron a la luz los problemas judiciales de la pareja de Ayuso. La intervención de la UCO afecta a la segunda pieza judicial contra Amador, un asunto que tomó relieve al año siguiente y concierne a otro poderoso grupo de interés, el gigante hospitalario Quirónsalud.La participación de la UCO fue solicitada por Iglesias hace casi un año, en un auto del 27 de junio, “atendiendo a la complejidad” de los hechos y “al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”. Tras estudiar el caso, los agentes del Instituto Armado consideraron que debían pedir la autorización del juez Viejo para acceder a las cuentas bancarias y las sociedades de Amador. Esa solicitud fue trasladada el 19 de diciembre. Desde entonces no han obtenido respuesta a pesar de que la demora ha sido objeto de críticas e incluso la intervención de la líder de la oposición en la Asamblea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “Esto tiene que resolverse ya”, dijo hace dos semanas. “Lo que estamos exigiendo desde Más Madrid es seguir la pista del dinero para llegar hasta el fondo y para que quede claro que en España la justicia no trabaja con dos velocidades”.Las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid también han enviado al magistrado varios escritos de impulso procesal, que son solicitudes formales para reactivar procedimientos estancados. Fuentes vinculadas a estas acusaciones se quejan porque el escrito de autorización a la UCO no reviste complejidad alguna. Dicen que es un trámite que no requiere argumentación y basta con un párrafo dando el visto bueno.Este parón se produce al mismo tiempo que la primera pieza, la de fraude fiscal que originó el caso, también ha quedado en standby. La jueza Iglesias concluyó la instrucción de ese procedimiento, que fue enviado a los juzgados de lo Penal de Madrid. Hace dos meses se supo que la magistrada María Lourdes Platero, del 19 de lo Penal, juzgará el caso, pero aún no se ha señalado la fecha de juicio. Con toda seguridad, indican fuentes judiciales, esa vista oral no se celebrará este año debido al atasco en esos juzgados situados en la calle de Julián Camarillo. Si el juicio se celebra en los meses previos a las autonómicas de mayo de 2027 podría perjudicar a Ayuso en la campaña en la que buscará la reelección. Respecto a la investigación del soborno, las fuentes consultadas señalan que Viejo se encontró con un considerable volumen de trabajo cuando llegó al juzgado del caso, el número 19 de instrucción de Madrid. No obstante, la jueza anterior había realizado varias actuaciones sobre este asunto en menos tiempo, entre marzo de 2025, cuando la Audiencia Provincial le autorizó a abrir esa pieza separada, y agosto, cuando se jubiló. Así, declararon como investigados Amador, en abril, y la esposa del ejecutivo de Quirón, Gloria Carrasco, en junio.Los hechos se remontan a diciembre de 2020, cuando Amador compró a Carrasco por 500.000 euros un negocio de estética sin apenas valor contable. La Fiscalía sospecha que ese pago era la devolución de un favor, en concreto, la participación que había tenido meses antes como intermediario en una voluminosa compraventa de mascarillas donde el ejecutivo de Quirón, Fernando Camino, pertenecía al equipo de la parte compradora, la empresa gallega Mape. Amador ingresó una comisión de dos millones de euros por una rápida intervención.Viejo, de 66 años, llegó al juzgado 19 procedente de la Audiencia Provincial de Madrid, en un movimiento que algunos consideran poco convencional porque no es habitual que los jueces desciendan de instancia judicial. En septiembre se confirmó que había ganado el concurso de traslado para ocupar la plaza que había dejado vacante Iglesias. El concurso se resolvió por el criterio de la antigüedad en la carrera. Es un juez relativamente conocido porque fue el decano de los jueces de Plaza de Castilla (donde se ubica el 19 de instrucción) entre 2014 y 2018. Cesó para asumir como secretario general en el Ministerio de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Este es un cargo técnico que hacía de enlace entre el ministerio y la carrera judicial. Es un histórico de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las principales agrupaciones judiciales.¿Tiene algo que contar? 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