La reforma que prometía hacer más ágil la Justicia está teniendo el efecto contrario en los juzgados de Balears, según denuncian abogados, jueces y otros operadores jurídicos. La nueva organización judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —más conocida como Ley de Eficiencia Procesal— habría añadido nuevas complejidades a un sistema que ya arrastraba una grave falta de medios.
Expedientes ya instruidos acumulan meses de espera para recibir sentencia y algunos procedimientos comienzan a señalarse para dentro de tres e incluso cuatro años. La situación se extiende a todas las islas, pero empeora en Eivissa. En parte, por la actual crisis de la vivienda, pero también desde que los hermanos Cazorla incendiaron la antigua sede de los juzgados en 2019, lo que les mereció una condena de cuatro años de cárcel.
Aquel episodio supuso una paralización, reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Justicia en la isla, que fue reactivándose de forma progresiva en edificios provisionales donde a día de hoy aún mantienen algunos órganos judiciales —el resto está en la sede principal—. Desde entonces, el sistema judicial de Eivissa y Formentera ha operado bajo una situación de sobrecarga.
