El informe de la Fiscalía Anticorrupción desvelado esta semana tras levantarse el secreto de sumario del caso Leire Díez pone negro sobre blanco, a partir de conversaciones captadas entre los implicados por los agentes de la Guardia Civil y de la compraventa de empresas, la operativa que la trama planificó con Forestalia para favorecer supuestamente tramitaciones tanto de financiación pública como de parques fotovoltaicos. Entre los aludidos está el propio Santos Cerdán, que concertó una reunión en el domicilio del propietario del grupo aragonés, Fernando Samper, y que urgió a sus socios a que reclamaran una presunta mordida de 200.000 euros.
Pero las contraprestaciones podrían ser muy superiores, ya que la UCO da cuenta de una plusvalía de 6,7 millones de euros a favor del denominado grupo Hirurok –compuesto por la socialista Leire Díez, por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso y por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI– al adquirir dos sociedades de Forestalia y revendérselas más tarde a un precio muy superior: Anticorrupción sospecha que el millonario beneficio está vinculado con las autorizaciones a dos plantas solares en la provincia de Teruel.
Tal y como consta en la denuncia suscrita por la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025, todo nace de un atestado presentado por la UCO unos días antes, el 25 de noviembre, en el que se indicaba que, a raíz de las averiguaciones en el caso Mascarillas, pudieron registrar con autorización del Supremo el domicilio del empresario Antxón Alonso y la sede de Servinabar 2000 SL, participada según la UCO por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.
