El último informe de la UCOMA pone el foco en cuatro políticos autonómicos que ahora trabajan o están vinculados a la empresa clave del caso
La trama de corrupción medioambiental presuntamente liderada por el dueño de Forestalia, Fernando Samper, iba supuestamente mucho más allá del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica detenido la semana pasada por favorecer los permisos de parques renovables ligados a esta empresa aragonesa. Forestalia nació y se hizo grande en Aragón, donde tejió una red de influencia política —a derecha e izquierda— basada en las llamadas puertas giratorias (el paso de cargos públicos a la actividad privada) y en supuestas mordidas millonarias, según los documentos que figuran en el sumario del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.
Los registros realizados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil hace 10 días en Madrid y Zaragoza afianzan la conexión de Forestalia con ex altos cargos del Gobierno regional del Partido Aragonés (PAR), formación que en los últimos 20 años ha estado en el Ejecutivo de esta comunidad en alianza con el PSOE, pero también una legislatura con el PP.
Tras los registros, la UCOMA elaboró un informe en el que destacaba como “uno de los aspectos más importantes que se han podido documentar” con esa entrada en 12 domicilios y sedes empresariales los “nexos de unión” entre los diferentes actores de la presunta trama. Y citaba expresamente los vínculos entre Samper y su empresa Forestalia con cuatro ex cargos del PAR: Ana Cristina Fraile, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Carlos Ontañón, “todos ellos ligados de algún modo u otro en su anterior etapa en la Consejería de Medio Ambiente de Aragón de la que depende el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”, señalan los agentes.
