Seis trabajadores detallan a la Guardia Civil las supuestas maniobras de dos ex altos cargos del ministerio y el Gobierno aragonés para beneficiar los proyectos renovables de la empresa
Las declaraciones de los funcionarios y trabajadores públicos son una de las piezas sobre las que se sustenta la investigación del caso de corrupción medioambiental de Forestalia, por el que esta empresa de renovables logró que el Gobierno central y el aragonés le concedieran el visto bueno a sus proyectos a cambio presuntamente de mordidas. Estos trabajadores públicos relataron a los agentes de la Guardia Civil una serie de irregularidades en las tramitaciones que incluyeron presiones, ceses y cambios de sentido de informes que solo tenían un propósito: beneficiar supuestamente a los proyectos de la compañía de Fernando Samper, al que el juez de Teruel encargado del caso, Juan José Cortés Hidalgo, considera el “tronco central” de esta trama.
Así lo reflejan las declaraciones que seis de estos trabajadores prestaron en diciembre y enero pasados ante los agentes de la de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y a las que ha accedido EL PAÍS. Los delitos que se investigan en esta causa, iniciada tras una denuncia de Teruel Existe, son prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
