El juez instructor debe decidir si para cautelarmente el macroproyecto de 125 aerogeneradores en Teruel que está en el centro de esta investigación
La investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, sobre la trama presuntamente corrupta cuyo epicentro es la empresa de energías renovables Forestalia dio hace una semana un salto de gigante cuando fueron detenidos el dueño de este grupo aragonés, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, quien fue subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento. Esa subdirección es la encargada de estudiar si cualquier gran proyecto —también los de renovables— cumple con la normativa ambiental, si los impactos que producirá son admisibles y cómo se deben compensar.
Lograr el aval ambiental, que permitiera sacar adelante los parques solares y eólicos, era el objetivo principal de los promotores de los miles de proyectos que se presentaron en el último boom renovable en España, entre 2022 y 2023. En ese lapso es en el que habría actuado este entramado, cuyo fin era presuntamente beneficiar los proyectos de Forestalia frente al resto de competidores en proyectos como el mayor parque eólico del país, ubicado en Teruel, según se desprende de las pesquisas recogidas en el sumario del caso al que ha accedido EL PAÍS. Ese macroparque, denominado Clúster del Maestrazgo y que contempla 125 gigantescos aerogeneradores, está ahora en el aire después de que la Guardia Civil advirtiera al juez en uno de sus informes de que su construcción, aún no iniciada, podría ocasionar daños medioambientales irreversibles. El magistrado ha convocado a las partes a una vista el próximo viernes para decidir si paraliza de manera cautelar su ejecución como planteaban los agentes. Los delitos que se investigan en esta causa son prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
