El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue la pista del comisario Villarejo para comprobar si la Fiscalía General del Estado de la etapa de Álvaro García Ortiz llegó a valorar la posibilidad de ofrecerle un pacto a cambio de implicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de delitos. La posible negociación se habría desarrollado a instancias de la red de Leire Díez, que buscaba munición para disparar contra los rivales políticos del Gobierno como maniobra para distraer la atención sobre los casos judiciales que acechan al PSOE y a Pedro Sánchez. El instructor del caso de las cloacas no solo rastrea la existencia de encuentros en la sede de la Fiscalía General del Estado de la propia Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Ha reclamado también al departamento que ahora dirige Teresa Peramato que le aclare si García Ortiz o alguno de los fiscales destinados en el cuartel general de la jefatura del Ministerio Público mantuvo reuniones directamente con el abogado del comisario, Antonio José García Cabrera, o si este se reunió con otros fiscales -por ejemplo, de la Audiencia Nacional- siguiendo indicaciones de sus superiores. Los informes de la UCO apuntan a que el excomisario era una de las principales fuentes de las que se nutría la trama Leire. Una de las fuentes de información inicial con las que contaba su grupo eran documentos escritos o audios relacionados con él. A partir de abril de 2024, la red fue un paso más allá y contactó con su entorno. En varios encuentros, le ofreció un acuerdo según el cual Villarejo debía aportar información sobre diversas personas y, a cambio, recibir beneficios en el marco de los procedimientos judiciales en los cuales se encuentra inmerso. La promesa de beneficios no era indeterminada. Lo que ofrecía Díez era organizar un encuentro con el fiscal general, según señala la UCO. Más allá de las conversaciones intervenidas, la Guardia Civil cuenta con un documento cuya elaboración se atribuye al excomisario y que resume los términos del acuerdo alcanzado por las dos partes. El pacto era actuar en dos fases. La primera etapa se centraba en la aportación de material por parte de Villarejo, que debía elaborar "un informe de inteligencia sobre PS" - las "siglas utilizadas para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", aclara la UCO- y una "descripción numérica de la base documental" que dispusiera en relación con unos "objetivos de interés". Esta entrega sería correspondida con muestras de cambio en la situación procesal de la parte aportante, así como con otras compensaciones específicas. Acabada esta primera fase, se procedería a la siguiente, la Fase B. En esta, conforme se avanzase en el cambio de la situación procesal de la parte "aportante", esta última entregaría materiales relacionados con el personal incluido en un listado de objetivos previamente definido. Esta entrega parecería ser paulatina y no finalizaría hasta que se produjera "el final de la situación procesal" de la parte "aportante". El acuerdo "V" Según va describiendo la Guardia Civil, aquellos contactos iniciales que arrancaron en 2024 fueron prosperando, auspiciados presuntamente por el PSOE o por personas del entorno del presidente del Gobierno como Juan Manuel Serrano, al que se informaba de cada uno de los avances y de los papeles o audios que la trama Leire iba consiguiendo del excomisario. Una imagen localizada en el iPhone 15 de Díez, bautizada como Acuerdo V, deja claro el objetivo final. La redacción parece corresponder al abogado Cabrera y en ella se concreta que en esa presunta reunión en la Fiscalía General del Estado, Villarejo aceptaría una pena de cárcel y asumiría su culpabilidad, pero en ningún caso volvería a ingresar en prisión. Haría frente a multas, pero "conservaría" una parte de su patrimonio para poder continuar su vida. A cambio, "depurar las responsabilidades pendientes", especialmente "hacia arriba". El pilar de la cooperación era la entrega de material de audio, emails y "documentos comprometidos" sobre un listado de personas que encabezaba Mariano Rajoy. En la lista también se encontraban Cospedal, "otros miembros del PP" de forma genérica, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, entre otros. La UCO tomó declaración a Cabrera y este negó que esas reuniones que le prometían a su cliente llegaran a concretarse. Dijo incluso que no había dado credibilidad a la capacidad que aseguraba tener Díez y que todo lo que escuchaba le parecía "muy fantasioso". Tampoco reconoció ser el autor del documento encontrado en el dispositivo de la fontanera del PSOE. El propio Villarejo, que asiste en estos días al juicio contra la trama Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional, ha intentado este mismo martes desmarcarse de la red de la fontanera y ha indicado que es una víctima más de esas "cloacas" que han intentado "destruirle". Ha dado por hecho que será citado por el juez Pedraz, al que aclarará todo lo sucedido. No negó, eso sí, la celebración de esos encuentros. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue la pista del comisario Villarejo para comprobar si la Fiscalía General del Estado de la etapa de Álvaro García Ortiz llegó a valorar la posibilidad de ofrecerle un pacto a cambio de implicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de delitos. La posible negociación se habría desarrollado a instancias de la red de Leire Díez, que buscaba munición para disparar contra los rivales políticos del Gobierno como maniobra para distraer la atención sobre los casos judiciales que acechan al PSOE y a Pedro Sánchez.