En la consulta realizada la semana pasada sobre el preacuerdo al que llegaron las organizaciones sindicales con el Departamento de Educación participaron un total de 60.686 personas, de las 99.305 que componen el censo de docentes, el 61%. En las elecciones sindicales de 2023, en las que se eligieron a los representantes que luego negociarían con el Departamento las condiciones laborales del colectivo de maestros y maestras, habían participado 34.950, el 38% del total. Valgan estos simples datos como expresión cruda de la crisis de fondo en la que vivimos y de la que el actual conflicto escolar no es más que una (nueva) muestra. Crisis de intermediación, de representación, de legitimidad. En definitiva, crisis de sistema.1. Las elecciones a los órganos de representación no despiertan la pasión que genera una consulta de blanco o negro, una elección refrendaria en la que las opciones entre las que elegir son diáfanas y la aplicación del resultado es inmediata. Sí o no. Nada que ver con los procesos para elegir a representantes. En este caso el resultado nunca es tan nítido ni su aplicación instantánea. Se elige a alguien para que negocie en tu nombre en un sinfín de cuestiones diversas, en las que debe transaccionar con otros representantes de otros intereses. Nunca en estos casos se consigue todo lo que se pide y el resultado siempre conlleva una cierta insatisfacción, que (si el acuerdo es bueno) es compartida por todos los negociadores.2. El establecimiento de negociaciones siempre implica el reconocimiento de una cierta legitimidad compartida, lo que casa mal con la idea de que uno lleva siempre la razón y el otro no la tiene nunca. La apropiación de la representación implica la negación del derecho legítimo del otro a plantear sus ideas. Si uno se erige en “la voz” (de la escuela, del pueblo, de la nación), lo único que puede aceptar es la adopción completa de sus planteamientos. Imposición que se presenta como “democrática”, puesto que solo los propios planteamientos se consideran legítimos.3. En este contexto, las instituciones pierden su rol de defensores del interés público para aparecer como actores “de parte” y muchas veces enfrentados a “la voz del pueblo”, representada por “las bases”, el movimiento, el pueblo, auténticos depositarios de la legitimidad popular frente a la “casta política”. Planteado así el escenario, los gobiernos ya no son los representantes del interés general y depositarios de la voluntad popular que gestionan los partidos con representación parlamentaria. “El poble mana, el govern obeeix” (El pueblo manda, el gobierno obedece).4. La tentación de hacerlo volar todo por los aires. La dificultad de llegar a acuerdos no los hace más robustos, cuando se consiguen, sino más débiles, porque todo acuerdo es susceptible de ser considerado una cesión inaceptable, una renuncia, una rendición. La apropiación de la legitimidad implica que solo se va a aceptar la adopción del programa máximo, que se entiende como el “mandato democrático”.Esta senda no soluciona nada. Lleva a la parálisis y al enquistamiento. La escuela no se lo merece.