El Gobierno de Estados Unidos ya se ha posicionado en la batalla que enfrenta desde hace años a fondos oportunistas con el Estado español por el recorte de las primas de las renovables. El procurador general, John Sauer, que representa al Gobierno federal ante el Tribunal Supremo, ha emitido su dictamen sobre este asunto y ha propuesto a la máxima instancia judicial que rechace el recurso de España contra la ejecución de varias reclamaciones millonarias a inversores que se vieron perjudicados con el tijeretazo a las retribuciones previstas por invertir en energía verde como consecuencia de la reforma eléctrica de 2013.España ha alegado en distintos tribunales, y también ante el alto tribunal, que tiene inmunidad soberana para hacer frente a la casi treintena de laudos (decisiones finales de los tribunales de arbitraje que han resuelto estas disputas) que le obligan a indemnizar a los inversores con, al menos, unos 1.800 millones de euros (más de 2.300 millones si suman costas procesales e intereses legales y de demora). También argumentó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó estos conflictos entre inversores comunitarios (como son la gran mayoría) y un Estado miembro, y que la Comisión Europea, que le respalda en esta postura, debe autorizar los abonos para evitar que se declaren ayudas ilegales. Ante este impago, los fondos de litigación que adquirieron los derechos de representación y cobro en muchos de estos pleitos ―encabezados por el estadounidense Blasket Renewable Investment― plantaron cara al Gobierno español e iniciaron la batalla judicial como principal medida de presión para cobrar las indemnizaciones. Así, solicitó el bloqueo de bienes y activos españoles en distintos países como Bélgica, Países Bajos o Reino Unido. Con esa misma intención, la guerra judicial se trasladó a Estados Unidos.España ya intentó paralizar el conflicto, pero el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia denegó en agosto de 2024 los planteamientos españoles, al entender que los fallos arbitrales tienen validez de sentencia firme. Con este pronunciamiento, un tribunal federal de la misma Columbia tramitó en el segundo semestre de 2025 el reconocimiento y ejecución de siete laudos, por el importe de 632 millones en total, dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, lo que abrió la puerta a que los inversores comenzaran a rastrear bienes españoles al otro lado del Atlántico para solicitar su bloqueo. Los fondos ya han puesto en el foco en las relaciones comerciales y de financiación de la Selección Española, aprovechando su participación en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, que comienza el próximo 11 de junio; o uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa con la estadounidense Raytheon (filial de RTX), que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot, valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares, al cambio).La última bala que le quedaba a España era elevar el asunto al Tribunal Supremo, lo que ocurrió en mayo de 2025, en el marco de uno de los siete casos que están abiertos en territorio estadounidense, el correspondiente a la demanda del gigante energético NextEra Energy, a quien el Ciadi reconoció el derecho a cobrar una indemnización de 291 millones de euros, más intereses, la mayor indemnización concedida por el recorte de las primas de las renovables. Para ello, los servicios jurídicos del Estado se apoyaron en la firma de abogados Sidley Austin. Por su parte, el fondo Blasket Renewable y la compañía eléctrica han requerido el asesoramiento de grandes despachos internacionales como Gibson, Dunn & Crutcher; King & Spalding; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; y A&O Shearman.Excepciones de la inmunidad soberanaEl Supremo, que ha recibido también escritos a favor de los argumentos españoles de partes no personadas en este litigio (lo que en el argot jurídico se denomina amicus curiae) como Polonia, Rumania, Bulgaria y la propia Comisión Europea, solicitó el pasado octubre al procurador general que emitiera su opinión. Siete meses después se ha conocido la posición del máximo funcionario de la administración estadounidense, que es habitualmente seguida por los magistrados. De ser finalmente así, la resolución del alto tribunal supondrá un duro revés para los servicios jurídicos españoles. Sauer, que asumió el cargo en abril de 2025 tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, afirma en su escrito, que también va firmado por otros cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia, que el tribunal de apelación cometió ciertos errores técnicos, pero apunta que ello no cambiaría el resultado. En el dictamen de 28 páginas, el procurador general explica que España, como Estado extranjero, goza en principio de inmunidad soberana total ante los tribunales de EE UU, aunque existen excepciones como los arbitrajes de inversión que se fundamentaron en la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía con el recorte de las primas de las renovables.En este sentido, recuerda que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado “no puede invocar las disposiciones de su legislación interna [como es el Derecho de la UE] para justificar el incumplimiento de un tratado” que previamente ha aceptado. De este modo, rechaza la inmunidad soberana de España y se opone a que los que órganos judiciales estadounidenses no puedan analizar las reclamaciones de los fondos porque la justicia europea haya vetado los arbitrajes intra-UE. Por otro lado, España también apeló a la doctrina del forum no conveniens sobre la pertinencia de que el asunto se traslade a un foro alternativo, en concreto a jurisdicciones europeas. Sin embargo, el procurador general tampoco ha acogido esta tesis. Según indica, “parece poco probable que los demandados puedan obtener reparación alguna en ningún foro europeo”.Más de una década de conflictoEl conflicto con los inversores y fondos buitre es una herencia derivada de modificaciones legislativas de hace más de una década. La aprobación en 2007 de un sistema de primas a las energías renovables atrajo a numerosos inversores extranjeros, que confiaron en una estabilidad regulatoria. Sin embargo, la crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar una primera medida e introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de la fotovoltaicas. Sobre esa base se presentó en 2011 la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU. En 2013, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, la reforma eléctrica rediseñó por completo el sistema retributivo y afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados bajo el esquema anterior. Muchos de los inversores consideraron entonces que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales, como la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) o el Ciadi, donde se han resuelto la mayoría de las disputas. En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España.