España pierde una batalla importante ante la justicia estadounidense. El Tribunal Supremo del país norteamericano ha rechazado el recurso presentado por el Reino de España contra las reclamaciones millonarias que numerosos inversores plantearon contra los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Con esta decisión, los magistrados refuerzan la ofensiva que fondos oportunistas que adquirieron los derechos de representación y cobro de muchos de los demandantes ejercen contra el Ejecutivo español para cobrar las indemnizaciones que distintas cortes de arbitraje han reconocido. El Supremo ha denegado la petición de certiorari, por la que solicitó que la Corte Suprema revisara la decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de rechazar la inmunidad soberana de España frente a las indemnizaciones que reclaman los inversores. El alto tribunal no ha entrado al fondo del asunto, lo que en la práctica supone dar firmeza a la sentencia de apelación, que abrió la puerta a que los demandantes solicitaran el embargo de bienes españoles en EE UU, como medida cautelar para garantizar el cobro de las compensaciones ante un eventual impago. España ya cuenta con varios activos bloqueados en Europa, como las sedes del Instituto Cervantes en Londres (Reino Unido) y Utrecht (Países Bajos), entre otros.El tijeretazo a los incentivos prometidos por invertir en energía verde, primero en 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (con especial incidencia en el ámbito de las fotovoltaicas), y después en 2013 con la reforma eléctrica llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, provocó una avalancha de demandas de inversores que se sintieron perjudicados. En total, se presentaron 51 demandas en distintas cortes de arbitraje, la mayoría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, en las que se invocaron la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), de la que tanto España como la Unión Europea han decidido salir. Más de 10 años después de pleitos, 29 de ellos se han resuelto ya a favor de los inversores, a los que se les han reconocido en total indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros más intereses, y 18 han sido favorables a España. Estos laudos (equiparables a las sentencias judiciales) son los que han hecho que los inversores perjudicados acudan a distintas jurisdicciones para reclamar el cobro de las compensaciones. Los acreedores, de la mano de los fondos de litigación ―el más conocido es Blasket Renewable Investments―, han solicitado el reconocimiento y la ejecución de un total de ocho laudos (uno de ellos en plena tramitación, sin pronunciamiento judicial todavía) por el conjunto de más de 655 millones de euros, más intereses.España se niega a pagar estas indemnizaciones bajo el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó estos conflictos entre inversores comunitarios (como son la gran mayoría) y un Estado miembro, y que la Comisión Europea, que le respalda en esta postura, debe autorizar los abonos para evitar que se declaren ayudas ilegales. Ante los tribunales, los servicios jurídicos del Estado también defienden que tienen inmunidad soberana que le protegen de pagar estas indemnizaciones. Y así lo hizo también en EE UU, cuyo recurso ante el Supremo era la última bala para intentar frenar la ejecución de los laudos en ese territorio. Esta postura recibió el apoyo de Polonia, Rumania, Bulgaria y la propia Comisión Europea que, aunque no están personadas en el procedimiento, enviaron escritos al Supremo para manifestar su opinión (lo que en el argot jurídico se denomina amicus curiae) sobre este caso complejo.Límites a la inmunidadSin embargo, el Tribunal Supremo se ha alineado con la opinión del Gobierno de Donald Trump que, a través del procurador general, John Sauer, propuso que rechazara las pretensiones españolas. El máximo funcionario de la Administración estadounidense, junto a otros cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia, analizó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y los tratados de arbitraje internacionales y concluyó que España, como Estado extranjero, goza en principio de inmunidad soberana total ante los tribunales de EE UU. Pero introdujo un matiz: existen excepciones como los arbitrajes de inversión que se fundamentaron en la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía con el recorte de las primas de las renovables.Al amparo de esta decisión, los tribunales federales tienen luz verde para seguir examinando las peticiones de los acreedores de embargo de bienes. Un trámite que comenzó tras conocerse la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Columbia en el verano de 2024 y que en los últimos meses ha dado grandes avances. Los demandantes, arropados por el fondo Blasket Renewable, han puesto en el punto de mira uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa con la estadounidense Raytheon (filial de RTX), que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot, valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares, al cambio), según informaron fuentes cercanas a los acreedores.La Selección española de fútbol, aprovechando su participación en el Mundial que se celebra en Estados Unidos y México, también fue objetivo de los demandantes, que solicitaron el bloqueo de los pagos a proveedores del conjunto nacional, así como cualquier fuente de financiación. No obstante, esta vía ha sido paralizada por un juez del distrito de Columbia, que advirtió de que ni el equipo ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) son activos españoles, sino entes privados. Por el momento, ningún activo del Reino de España en EE UU ha sido embargado.