La Administración de Donald Trump puso este miércoles al borde del precipicio a la defensa del Gobierno español frente a sus acreedores por el 'hachazo' a las renovables en Estados Unidos y al proceso de amparo que cursa ante el Tribunal Supremo de este país al informar a la Corte de que no hay obstáculo por su parte para no conceder la medida de gracia que pide la Abogacía del Estado para evitar pagar a las empresas y fondos que le reclaman cientos de millones de euros en cumplimiento de los distintos procedimientos que ha ido perdiendo por el recorte, allá en 2013, de los beneficios que años antes había ofrecido a los inversores por construir plantas fotovoltaicas y eólicas.Por el contrario, el Gobierno estadounidense ha recomendado al Tribunal Supremo que rechace la petición del Gobierno para revisar las sentencias que permiten ejecutar en Estados Unidos los laudos fallados por tribunales y cortes internacionales de resolución de conflictos a favor de los inversores y que solo en este país ascienden a reclamaciones de unos 700 millones.La respuesta de la Administración Trump al proceso en el Supremo de Estados Unidos por la reclamación por parte de España de "inmunidad soberana" para no pagar los laudos es vital y también muy esperada por el equipo jurídico de los fondos e inversores. Es también uno de los últimos pasos en lo que fuentes jurídicas consideran el último recurso que tiene España en Estados Unidos para seguir negándose pagar las deudas que le han sido reconocidas allí.Aunque se trata de un procedimiento judicial, el informe que trasladó este martes el Gobierno estadounidense al Tribunal Supremo era un paso necesario para que la Corte pueda proseguir con el recurso de amparo presentado por España y al que fuentes jurídicas auguran ya un final próximo, al considerar que con la respuesta de Washington se está en plazo para que haya un fallo antes de que termine junio.Lo que quería saber el Tribunal es si no conceder el amparo a España, no reconocer su "inmunidad soberana" e instarle a pagar los laudos condenatorios que tiene pendiente podría afectar de algún modo a las relaciones bilaterales entre los dos países. La respuesta finalmente ha sido que no, según fuentes de la defensa de los acreedores de acuerdo a un informe en el que la Administración Trump recuerda al Gobierno español que se comprometió a cumplir los laudos al firmar la Carta de la Energía -un convenio del que se salió el año pasado junto con la UE pero que tiene una cadencia de 20 años- y en el que también rechaza la pretensión de España de trasladar los procedimientos a otros foros judiciales. A diferencia de EEUU y países como Australia o Reino Unido, donde inversores y fondos también litigan contra España por el recorte de las primas a invertir en renovables -el llamado "impuesto al sol"-, este tipo de casos se estrellan en la UE en contra de la doctrina que estrenó la Comisión Europea el año pasado de que países como España no deben pagar las condenas, porque serían ayudas de Estado ilegales.Según la carta remitida por el Gobierno de EEUU a su Tribunal Supremo, “la petición de certiorari debe ser denegada” porque el recurso promovido por la Abogacía del Estado “no reúne las condiciones necesarias para que el Supremo asuma la revisión de las sentencias que condenan a España al pago de los laudos”.Tras este pronunciamiento por parte de la Administración de Donald Trump, el Supremo de EEUU tiene todos los elementos ya para tomar una decisión sobre el recurso de amparo presentado por España, algo que desde la defensa de los acreedores consideran que sigue siendo posible que se produzca antes de que termine junio. En caso contrario, el fallo no se espera ya hasta al menos el mes de octubre, después del parón del verano.La importancia de este procedimiento radica en que desde la misma defensa de los fondos se afirmaba hace días que, en caso de que la respuesta del Gobierno de EEUU hubiera sido favorable a los intereses de España -es decir, hubiera recomendado al Supremo conceder el amparo-, la estrategia habría cambiado para reclamar el pago de los laudos en otras jurisdicciones como Reino Unido o Australia, pero no en Estados Unidos. Sin embargo, con esta respuesta consideran que las opciones de España de seguir evitando pagar se agotan.El seguimiento del recurso de amparo por parte de España ante la máxima corte judicial de EEUU es una de las dos vías que actualmente siguen los acreedores en este país por el recorte de las primas a las renovables. La otra, por la que se reclama esos mismos casi 700 millones, se centra en recabar información sobre todo tipo de activos y propiedades españolas en EEUU para embargarlos y cobrarse así las deudas reconocidas por los laudos.En las últimas semanas, esta estrategia ha encontrado un importante y sobre todo llamativo filón en la participación de la Selección española en el Mundial de Fútbol de EEUU y México. Así, los acreedores han empezado a enviar órdenes judiciales a Adidas como patrocinador de La Roja, a Hilton como la cadena de hoteles en los que se hospedará, a los centros en los que entrenará o cualquier otro proveedor para informarles de que hay una deuda reconocida por el hachazo a las renovables y que los pagos que vayan a hacer o recibir de por parte de la Selección son susceptibles de ser embargados.Litigios de hace décadasTodos estos litigios -por los que España debe unos 1.500 millones más intereses, 688 de ellos por fallos en Estados Unidos- tienen su origen en el recorte con carácter retroactivo de la rentabilidad que preveían los inversores en renovables en España, animados por los incentivos que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para construir parques eólicos en España. Estas ayudas fueron cuestionadas por la Comisión Europea por suponer ayudas de Estado ilegales y en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy las eliminó con una regulación que se conoce como el "impuesto al sol". Estos cambios legislativos se aplicaron con carácter retroactivo a inversores que vieron reducirse sus expectativas de rentabilidad y que empezaron a litigar contra España para ser indemnizados. Con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, se intentó llegar a un acuerdo ofreciendo una rentabilidad que, si bien no era tan buena como la inicial, mejoraba la norma del PP. Algunos inversores se conformaron, pero otros siguieron litigando, por sus propios medios o vendiendo sus casos a fondos de inversión que ahora luchan por recuperar al menos parte de las cantidades que tanto cortes internacionales de arbitraje como tribunales nacionales en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur o Australia han ido fallando en su contra.