La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Tras conocer el caso, este organismo ha dado de plazo hasta diciembre a España para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de esta madrileña de 87 años. PublicidadEn la misma misiva, el comité exige que se suspenda el lanzamiento mientras se tramita su petición de información y se desarrolla el informe correspondiente. De no ser así, solicitan que se busca una solución adecuada. Maricarmen lleva más de siete décadas viviendo en el domicilio del que ahora un fondo de inversión quiere echarla. El conflicto empezó hace cinco años, en 2018, cuando Urbagestión compró su bloque en el distrito madrileño de Retiro. Los padres de la actual inquilina alquilaron el inmueble en 1956 con un contrato de renta antigua, al que ella no ha podido subrogarse.El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desahucio. El pasado 3 de junio, in extremis, se aplazó la que era su segunda orden de desalojo. Ya en octubre habían conseguido paralizar dicha decisión judicial, gracias a una fuerte presión social y sindical, que se repitió la semana pasada.Ahora, según defienden desde el Sindicato de Inquilinas, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU "para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)". PublicidadDesde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería "un desahucio ilegal", en contra de los tratados internacionales - de los que España es parte- y las recomendaciones de la ONU.