El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha pedido que se tomen medidas provisionales para evitar “posibles daños irreparables”
La ONU dice que Maricarmen no se puede ir de su casa si no tiene una alternativa habitacional “adecuada a sus necesidades” por parte del Estado español. El caso de María del Carmen Abascal Martín, vecina de 87 años del distrito Retiro amenazada con el desahucio por un fondo de inversión, ha llegado hasta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha solicitado al país que adopte las medidas necesarias “para que se proporcione otra vivienda” mientras se evalúa su caso. El objetivo: evitar los “posibles daños irreparables” que sufrirá esta vecina, que ya eran previsibles antes de que un organismo internacional velara por sus derechos.
El citado comité ha enviado una carta a la oficina del representante de la ONU en España en la que reconoce las “alegaciones substanciadas prima facie [a primera vista] de ausencia de alternativa habitacional y del riesgo del daño irreparable” existente en el caso de Maricarmen. “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”, se lee en el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Además, se subraya que cuando “los afectados por el desalojo no dispongan de recursos”, es el Estado el responsable de darle una solución “en la mayor medida que permitan sus recursos”. El organismo ha dado plazo hasta el próximo 1 de diciembre para que le envíe un informe con las medidas adoptadas.
