El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha instado este miércoles a la Generalitat Valenciana a que persiga el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano. Lo ha hecho el ministro desde Sueca (Valencia), adonde se ha trasladado para conocer de primera mano la labor de los trabajadores agrícolas en los arrozales valencianos y “su denuncia sobre la ausencia de controles oficiales por parte del Consell sobre la calidad y etiquetado del arroz que, en ningún caso, deben llevar a engaño al consumidor sobre su origen”, según indica una comunicado del ministerio. El sindicato agrario La Unió Llauradora i Ramadera (La Unió) ha trasladado al Ministerio la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz. Desde el sindicato aseguran que hay superficies que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique el origen real de esos productos. El Ministerio de Consumo, dirigido por Bustinduy, de Sumar, ha reclamado de forma reiterada al gobierno de la Comunitat Valenciana, presidido por Juanfran Pérez Llorca, del PP, que “designe a la autoridad competente y acredite la realización de estos controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos”. “La Comunitat Valenciana, de hecho, es la única autonomía de todo el Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria. En 2025, el Secretario General de Consumo y Juego, Andrés Barragán, envió una carta al Secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat para reiterarle que “corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios”. Barragán recordaba en esa misiva, además, que “el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios”. La reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat sigue sin resolverlo. Los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana. Además, tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de este territorio. La Unió considera que el hecho de que el etiquetado no indique el origen real de los productos “podría inducir a error al consumidor —que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de que lo es— y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado", agrega el comunicado.El ministro Pablo Bustinduy ha instado a la Generalitat a realizar los controles que le corresponden y designar a la autoridad competente para controlar y, en su caso, sancionar estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad. En su visita, Bustinduy ha estado acompañado por Carles Peris, secretario general de la Unió, y el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà. El portavoz del Consell y consejero de Agricultura, Miguel Barrachina, ha respondido minutos después al ministro. “Lamento profundamente que un ministro, en este caso de Sumar, viva este nivel de desorientación. Él debería saber que no existe una normativa europea que exija conocer el origen del arroz. Y, por tanto, es él quien nos debe defender ante la Unión Europea para que aparezca. Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz. Pero no existe ninguna norma europea que obligue a ello. Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro”. Barrachina no ha hecho mención a los requisitos y cartas del Ministerio, ni a la denuncia de La Unió, y ha aprovechado para criticarle porque “han hecho un daño enorme al sector del arroz, prohibiéndole tratamientos indispensables y que, en lugar de ayudar, como nosotros, a la incorporación de jóvenes o con 50 millones para la modernización del sector, se dedica a poner trabas a su crecimiento”. Fuentes del Ministerio inciden en que su denuncia atiende al uso engañoso que puede inducir al consumidor a comprar arroz pensando que es de Valencia, cuando no lo es, y esa práctica infringe la normativa de consumo y es competencia de la Generalitat. Y recuerdan la obligatoriedad de la procedencia que recoge el Reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor 1169/2011: “a) cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente”.Por otro lado, es el ministerio de Agricultura el que está negociando en la UE por el etiquetado de denomimación de origen, agregan.