El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez acaba de quedar visto para sentencia. Al hermano músico del presidente del Gobierno le han llevado al banquillo conocidas organizaciones ultraderechistas, a las que se sumó rápidamente el PP, acusándole de haber conseguido un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz con un proceso selectivo amañado para él, por ser quien es. Lo que, de ser cierto, podría haber sido dirimido en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y penado con multa o pérdida del puesto, derivó en causa penal por la insistencia y coordinación de estas acusaciones, que ejercían la acción popular, y que la jueza instructora atendió sin demora. Incluyeron el dolo, el tráfico de influencias y, por tanto, la corrupción en sus denuncias y hoy, al término de la vista oral, piden para él nada menos que hasta seis años de cárcel. Mientras la Fiscalía y su defensa solicitan una completa absolución, la Audiencia Provincial de Badajoz se enfrenta a una sentencia del calibre político de la del Fiscal General del Estado de hace unos meses aunque, en este caso, cabría recurso.Este juicio de tan alta envergadura mediática y política contiene unas llamativas singularidades que no deberían ser pasadas por alto pese al estruendo de los aplausos que ya jalean el golpe a Pedro Sánchez que supondría una condena. El primero, que todas las acusaciones ejercen la acción popular. No hay ni una víctima o damnificado por el proceso selectivo que llevó a David Sánchez a coordinar los conservatorios de Badajoz personado en la causa. Son siete las acusaciones, cinco de ellas asociaciones perfectamente identificables en la órbita de la extrema derecha como Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y Asociación de Ciudadanos por Europa, y dos partidos políticos también claramente ubicados en la oposición al Gobierno, PP y Vox. Significativo plantel de organizaciones movidas en exclusiva por el interés general, que es el que justifica la acción popular.El sistema judicial español es el único de Europa que contempla esta figura acusatoria sobre la que hay abundante rechazo en el derecho comparado. La norma habitual en nuestro entorno es que sea el Estado, a través de la Fiscalía, quien ostente el monopolio de la acción penal, para garantizar procesos judiciales ordenados y no politizados. En el caso de David Sánchez, la Fiscalía se opuso desde el principio a que se considerase siquiera un juicio penal, por falta total de indicios penales. Posteriormente, solicitó la anulación de la vista y durante su desarrollo, la libre absolución del acusado ante, a su juicio, la ausencia absoluta de prueba alguna en su contra.Otro significativo dato de la causa es que el proceso selectivo y la adjudicación del empleo objeto del juicio se dieron cuando Pedro Sánchez, supuesto inductor del favoritismo hacia su hermano, había sido políticamente 'ejecutado al amanecer' por su propio partido, expulsado de la secretaría general y vagaba en su famoso Peugeot haciendo campaña para las primarias en las que pretendía recuperar el poder perdido. Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz y también acusado en el juicio por, supuestamente, haber inventado el cargo para David Sánchez, hacía también campaña en esas primarias, pero por Susana Díaz.Todavía podría mencionar otro detalle específico de este proceso. La inicial denuncia de Manos Limpias contra el hermano del presidente se ceñía a su falta de asistencia al trabajo, basándose en supuestas ausencias en su despacho. Tras confirmarse la falta de indicios fiables al respecto, no cejó de buscar algo susceptible de denuncia, incluido un supuesto delito fiscal que también decayó, y de ir ampliando sucesivamente sus acusaciones en busca de alguna infracción cometida hasta que consiguió encauzarlas en un amaño para contratar al músico. ¿Persecución o investigación prospectiva? Manos Limpias ha dado sobradas pruebas de manejarse bien con ambas.Un deductivo informe de la UCO, con mails con la palabra "hermanísimo" en el asunto, coincidencias en el traslado de domicilio a Badajoz del acusado o críticas sobre la falta interés por preguntar en el examen a otra aspirante al puesto sustentan una acusación que algunos juristas ya han calificado de endeble. Gallardo, a la salida de la última sesión del juicio ha formulado su propia sentencia: "Ya han ganado. Nos han condenado socialmente". Habrá que esperar a la que dicten los jueces de la Audiencia para saber si estamos ante otro episodio de los famosos 'p´alante' de Miguel Ángel Rodríguez. Lo cierto es que, según vamos viendo, quienes se afanan desde hace años en tumbar al Gobierno y llegar a La Moncloa dan por bueno cualquier camino.